A propósito de las querellas por difamación en páginas web
Los medios tradicionales e internet
por Herbert Mujica Rojas

Demostrando una palmaria ignorancia de lo que es Internet como medio directo de comunicación, un grupo de respetables periodistas, impulsó una denuncia penal contra Aprodev –organización de fachada de obvios sectores gubernamentales- y ya les cambiaron a las juezas que admitían la procedencia de la demanda para el retiro de esa página web y por el supuesto delito de difamación. Les han dado en la yema del gusto al gobierno que tiene la sartén por el mango y hace y deshace en lo que al poder judicial se refiere, pero lo que es más grave, siguen girando en el vicioso círculo de judicialización de la política que tan brillantemente tratara un especialista en El Comercio, Lima; La política se ha judicializado.

Precisamente, son los tinterillos los grandes responsables de que nuestra historia republicana constituya un sainete de promesas y edificios verbales sin vena ni savia. La mayoría de cartas constitucionales sólo han sido menúes de buenas intenciones y salidas oportunas a crisis políticas que devinieron en otras peores. Verbi gracia: en 1979, los militares derrotados por su propia incapacidad ceden el paso a las fuerzas políticas partidarias. En 1980, un honesto pero débil Belaúnde no consigue frenar la acometida del terrorismo cuyo apogeo viviéramos y padeciéramos durante el quinquenio del fanfarrón y brillantemente inútil e inmoral Alan García Pérez. El decenio posterior prolonga un largo túnel de calvarios con apellidos de origen oriental pero siempre en los rudimentos de una caricatura de país que para matar al terrorismo arremete contra tirios y troyanos y se producen vergonzosos atropellos de los derechos humanos. Este es el escenario que han escogido nuestros periodistas para –así dicen- defenderse de Aprodev, cuya página web era casi desconocida hasta que El Comercio y La República y los colegas ofendidos se metieran a hacer denuncias penales. Fue entonces que los de Aprodev comenzaron a ser célebres gracias a estos hombres de prensa.

Internet es ingobernable. En 1997, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la CDA, Communications Decency Act, porque violaba la Primera Enmienda de la ley de leyes norteamericana. Las páginas web son home sites (hogares), a los que uno accede voluntariamente. Si quiere responder lo que allí se dice, entonces pone en el guestbook (libro de visita) lo que se le antoja o escribe al email del editor o de quien figure como autor de la gaceta o libelo. Pocas semanas atrás dijimos en AILA: Internet: ¿el hara kiri de la oposición peruana? ¿puede haber censura on line? , que podíamos comparar a este medio directo de comunicación con el correo que nos llega por debajo de la puerta y que contiene todo tipo de informaciones, desde las zahirientes hasta las comerciales. Pero, en cualquier caso, uno puede discriminar.

Pero, deducir que hay difamación porque los de Aprodev dicen lo que les mandan decir o juegan sus bazas con alguna inteligencia, hay distancia considerable. La susodicha página está en GeoCities, servidor norteamericano con más de 10 millones de afiliados. No está en el Perú. Las leyes nacionales no sirven entonces tampoco para nada. Amén del lógico y cínico juego gubernamental que bailotea con la falta de seso de los opositores que en lugar de entrenarse en lo que es Internet –y todo el mundo contemporáneo, comercial, político, financiero, etc., camina hacia sus veredas- pierden el tiempo haciendo famosos a los de Aprodev y en querellas judiciales de pronóstico anunciado.

¿Ociosidad? ¿Falta de pantalones? ¿Carencia de imaginación? ¿Miedo a las nuevas técnicas? ¿Porqué en vez de gastar inútilmente el tiempo, pagando abogados de causas imposibles, no levantan su propia página y dan la batalla on line? Argumentos hay en abundancia, periodistas que analicen también. Lo que ocurre es que hay pavor a cruzar el Rubicón de las nuevas formas de comunicación directa. Y esto sorprende. Rospigliosi, Páez, Mohme, tienen dirección de correo electrónico. Recursos como para contratar a quienes les traduzcan en html sus respuestas no creo que falten. Entonces ¿qué pasa?

Peor aún. A través del disparate que entusiásticamente empujan, sientan el precedente para juicios a la inversa: el gobierno los podrá llevar a los tribunales si entiende que hay “difamación” de los contrincantes a escasos 12 meses de la campaña electoral. El señor Enrique Zileri sabe de qué estamos hablando. A esto no hay sino una manera de calificar y es que asistimos a un espectáculo en el que nadie sabe para quién trabaja.

En 1946, Rafael Belaúnde, afirmó que las masas se combaten con las masas. Parafraseándolo: hay que decir: en internet se combate con las armas de internet. Todo lo demás, tribunales incluidos, son demostraciones clarísimas que el Perú anda de hinojos por la agonía voluntaria y decadente de espíritus a quienes se supuso con más inteligencia.


 

 


 
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