Recientemente se anunció un proyecto de ley preparado por el Gobernador que arrebataría a la Universidad de Puerto Rico alrededor de $40 millones para financiar el desastre económico de los Vales Educativos. El proyecto propone crear un fondo común para todo el dinero que se otorga como asistencia económica a los estudiantes del país. Así, en vez de solicitar asistencia económica en su universidad, el estudiante lo haría por su cuenta al Consejo de Educación Superior. Esta política, que ha sido presentada por el Gobierno como muy justa, esta lejos de eso. El dinero proveniente de ayudas económicas que hoy va directamente a los fondos de la UPR para que ésta a su vez lo distribuya entre sus estudiantes, no será otorgado a la misma. Es evidente que sin esa cantidad de dinero habrá que hacer toda una serie de recortes en servicios, empleos, beneficios y programas. De hecho, ya el Presidente de la Junta de Síndicos Fred Martínez, dijo públicamente que habrán recortes en programas, así que aquellos programas académicos como que ya estaban en la cuerda floja y se han visto afectados, serán los primeros en la fila. Además el Proyecto indica que se privilegiará en la asignación de becas a estudiantes que seleccionen áreas académicas que son más 'importantes' para el "desarrollo de Puerto Rico". Esto es cónsono con el Proyecto de la Escuela de Ciencias y Tecnología, que pretende convertir la UPR en un centro de estudios de ciencia y tecnología, minimizando áreas académicas como Ciencias Sociales y Humanidades, entre otras.
Se avecina un alza en matrículas y menos becas. Las posibilidades de que los estudiantes de la UPR obtengan asistencia económica se reducirían grandemente, ya que los estudiantes de universidades privadas serían elegidos preferentemente para recibir las ayudas por pagar matrículas más altas. La Universidad tendría que subir el costo de matrícula a sus estudiantes, para que los mismos compitan por las ayudas con los estudiantes de escuelas privadas (esa sería realmente la "competencia" de la que Rosselló habla). Significa que el alza en las matrículas sería exorbitante, ya que los costos de matrícula en las universidades privadas fluctúan entre $100 y $130 el crédito.
Todo esto tiene tufo a privatización pues los servicios que hoy ofrece la Universidad, serían imposibles de mantener con los recortes. La alternativa de vender la Universidad, acorde con la política privatizadora y neoliberal de la administración de turno, se convertiría en la opción de gobierno ante la crisis. Todos y todas hemos sido testigos de los efectos devastadores que tiene la privatización en los trabajadores y en la comunidad. Los servicios de salud en el país están prácticamente en manos privadas, y las consecuencias de esto tanto para los trabajadores de la salud, como para los que reciben servicios han sido terribles. En la UPR, servicios como el de la librería ya están en procesos de subasta. Finalmente, el servicio esencial que brinda la UPR, que es el de la educación, estaría disponible para aquellos que lo puedan pagar, y estaría también a merced de los intereses económicos de quienes la compren y/o administren.
Pero este asunto va más allá de la UPR. Este proyecto pretende financiar el Programa de Vales Educativos de esta administración, que no es otra cosa que transferir fondos del sector educativo público hacia el sector privado, lo que tiene unas implicaciones serias sobre la educación. Significa, primero que, en vez de invertir y administrar mejor los fondos en el sistema de enseñanza público, para mejorar las deficiencias del mismo, se va a mandar un grupo privilegiado de estudiantes al sistema privado, beneficiando económicamente a estas instituciones. Además, se parte de la premisa errónea de que por el hecho de que una institución educativa sea privada es mejor que la del Estado. No se está pensando en que el derecho a recibir una buena educación sea para todo el mundo, sino para aquellos que tengan acceso a ella.
Por esto toda la comunidad universitaria -- estudiantes, profesores y trabajadores -- tiene que prepararse para impedir a toda costa que se implante esta y cualquier otra medida que ponga en peligro nuestros trabajos y el derecho de todos y todas a la educación. La Universidad es del pueblo y no de quienes puedan pagarla. Los universitarios y el resto de la comunidad puertorriqueña, debemos estar listos para cerrar portones y parar el país entero para defender nuestra Universidad y la educación pública.