La Auditoría Gubernamental, Auditoría Fiscal o como constitucionalmente se le conoce, Control Fiscal, no es nueva en nuestro país, pero solamente en la última década se le ha prestado atención para modernizarla y lograr que cumpla sus objetivos.

 Tradicionalmente la Auditoría Gubernamental se caracterizó por una simple revisión del cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación de los funcionarios del Estado. Esto ha originado que la gestión estatal sea ineficiente aunque muy cumplidora de la normatividad vigente.

 Es un lugar común afirmar que el peor administrador es el Estado y que la vigilancia a cargo de la Contraloría General de la República o de las Contralorías Departamentales o Municipales no tiene ningún tipo de resultado para evitarlo. Sinembargo la nueva Constitución Política de Colombia trata de cambiar esta situación, pues establece que la función pública del Control Fiscal, se ejercerá en forma posterior y selectiva y faculta a la Contraloría General de la República para ejercer un control financiero, de gestión y de resultados, lo cual es muy novedoso, pues cambia en forma sustancial el Control Fiscal que supuestamente se había venido ejerciendo.

 Aplicando las normas constitucionales y el método utilizado hasta el momento para conceptualizar las diferentes clases de auditorías, la Auditoría Gubernamental sería entonces:

La Contraloría General de la República, así como las Contralorías Departamental y Municipal, han perdido la confianza del público, en razón del alto grado de inmoralidad en la que han incurrido. Esta inmoralidad surge desde el mismo instante del nombramiento de cada Contralor, pues este es presionado por sus nominadores para el establecimiento de un fortín burocrático en las dependencias del Control Fiscal, con lo cual se desvirtúa la misión del organismo, pues este se convierte en una oficina alimentadora del clientelismo y en una fuente de poder político de gran envergadura.

Sinembargo, la nueva constitución trata de remediar esta anomalía introduciendo cambios sustanciales que hacen aparecer la esperanza de que al reglamentarse los artículos constitucionales, la Contraloría se convierta en una verdadera entidad de carácter técnico como lo reza el texto constitucional.

Los principales cambios pueden resumirse así:

• La función pública del Control Fiscal, a similitud de la Auditoría Financiera de tipo externo, se ejercerá en forma posterior y selectiva, terminando con el auditaje de cumplimiento de normas continuado, lo cual impide así la coadministración de los funcionarios de Contraloría y agiliza los trámites burocráticos.
• Las entidades estatales se obligan a crear sus propios organismos de Control Fiscal Interno, dependientes de la respectiva administración, cuya calidad y eficiencia serán evaluados por la Contraloría.
• El auditaje de Contraloría se realizará evaluando el sistema financiero, el sistema de gestión y los resultados de cada entidad, y no vigilando como hasta ahora el cumplimiento o no de normas legales. Se incluye además la valoración de los costos ambientales, lo cual es un gran avance para la protección de la sociedad.
• El Contralor General de la República queda obligado a presentar al Congreso anualmente un informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, implicando que deberá crear el Estado un sistema de información ecológico, para ser evaluado por la Contraloría.
• Se plantea la privatización del Control Fiscal por medio de firmas de auditoría nacionales, ampliándose el campo de ejercicio profesional para los Contadores Públicos.
• Se modifica la elección de los Contralores para mejorar la independencia de los mismos, pues su nombramiento se realizará de ternas enviadas por la Rama Jurisdiccional. Aunque la intención de los constituyentes es loable, su ejecución práctica no está del todo exenta de los vicios que trata de combatir.
• Se prohibe expresamente a los electores de los Contralores, recomendar personal y políticamente a los empleados de la Contraloría respectiva.
• Los empleos de las Contralorías serán provistos por concurso público y la ley determinará su régimen especial de carrera administrativa.