Reseña
de un texto esencial para entender la afectación a los pueblos indígenas a
consecuencia del extractivismo que se promueve como la panacea del desarrollo. Nos
referimos a: “Pueblos Indígenas Amazónicos e Industrias Extractivas”, escrito
por el antropólogo sanmarquino Alberto Chirif.
El libro fue editado por el Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica (CAAAP) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) en
octubre de 2011. La reseña de Huguet Polo fue publicada en la revista Ciencia,
Cultura y Tecnología de la
Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad Nacional de San Marcos
(ASDOPEN-UNMSM), Lima, Julio 2013.
La
reseña fue igualmente publicada por Servicios de Comunicación Intercultural
SERVINDI (21 julio de 2013). http://servindi.org/actualidad/90720
CHIRIF,
Alberto: “Pueblos Indígenas
Amazónicos e Industrias Extractivas”. Centro Amazónico de Antropología
y Aplicación Práctica, Comisión Episcopal de Acción Social. Lima, Octubre 2011.
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Reseña:
Andrés Huguet Polo.
Contrastar la existencia de los
pueblos indígenas amazónicos, calificados como primitivos y poco desarrollados
y la -a primera vista- ubérrima productividad de la inmensa Amazonía ha sido
motivo para que prosperen, casi como lugar común, falsos axiomas. Algunos de
ellos: que el desarrollo de la selva pasa por explotar principalmente sus
abundantes recursos forestales, fluviales, mineros y de hidrocarburos; que las
poblaciones nativas que allí viven no están en condiciones tecnológica ni
financieramente de emprender ello; que dicha explotación, fundamentalmente
extractiva, de recursos que son de la nación, será fuente abundantísima de
desarrollo y progreso para el país y para las propias poblaciones nativas, a
las que resulta imperativo “modernizar”. Es en base a dichos parámetros que la
ocupación-colonización del territorio amazónico se ha realizado en el tiempo. Y
esos supuestos son parte del discurso oficial, criterio de gobernantes,
técnicos, medios de comunicación e incluso algunos académicos; sin dejar de
anotar, por cierto, que se extienden al espontáneo sentido común de las gentes.
El
debate sobre la Amazonía y sus recursos, la existencia de los pueblos indígenas
en ese hábitat y la proliferación de actividades extractivas, siendo de antigua
data, se ha puesto en primer plano en los últimos años. Desde los años noventa
del siglo XX la presión por las tierras y recursos de la Amazonía se ha
acrecentado en concordancia con la mayor escasez de recursos minerales,
hidrocarburíferos e hidráulicos en el mundo, así como con el desarrollo de
procesos de acaparamiento de tierras (landgrab)
para la producción de biocombustibles y la agroexportación ([1]).
Es
por ello que el libro de Alberto Chirif constituye un texto indispensable para conocer
las condiciones en que ha proliferado y los efectos del extractivismo propio de
la explotación de recursos forestales, mineros e hidrocarburíferos en la selva.
El autor, dado el efecto análogo que producen, también incluye en su análisis
las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos y la construcción de
carreteras en la Amazonía.
Considera
Chirif que los marcos legales sobre la propiedad indígena son fundamentales.
Desde el D.L. 20653 de 1974, Ley de Comunidades Nativas, el Estado reconoció la
propiedad colectiva de las tierras y bosques de los asentamientos indígenas en
la Amazonía ([2]).
A partir de allí, las propias organizaciones indígenas han luchado,
particularmente desde 1980, por su proceso de titulación. A lo largo del
tiempo, sin embargo, se han producido modificaciones y retrocesos legales que
para el autor revelan la histórica ausencia de franqueza de parte del Estado
para un reconocimiento firme de los derechos indígenas. Y, efectivamente, el
asunto central reside en que la organización de la propiedad en la Amazonía —y
otro tanto sucede para las comunidades de la Sierra— consiste en la
superposición de derechos en los territorios de las comunidades indígenas: se
les reconoce la propiedad de la tierra mas no la propiedad ni uso exclusivo
sobre aguas y bosques, e incluso se les limita el aprovechamiento de su fauna.
Los bosques sólo son cedidos mediante contratos temporales. Y, en lo que se
refiere a los recursos mineros, tanto de superficie (placeres auríferos) como
de profundidad (minería metálica y no metálica), la comunidad no tiene derechos
y estos son entregados mediante concesiones a empresas privadas. Se produce así
lo que Pedro García Hierro ([3])
ha denominado el “desmembramiento
jurídico de la integridad territorial indígena” que produce la “desintegración de los territorios indígenas
en una constelación de derechos sobre los diferentes componentes que lo
constituyen”. Además de ello, en los últimos años se ha dado, durante los
gobiernos de los presidentes Fujimori y García, medidas legislativas que han
eliminado ya el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales y
que, más aún, han buscado indirectamente la disolución de las comunidades
modificando desde arriba, sin la consulta debida, sus mecanismos de toma de decisiones.
Ello, como es conocido, provocó la reacción de las comunidades en diversos
puntos, incluyendo los lamentables sucesos de Bagua en el año 2009.
La
ley clasifica las tierras comunales en agropecuarias, que se dan en propiedad a
las comunidades, y forestales y de protección, que se otorgan sólo en cesión de
uso. Esto afecta directamente “el sistema
de vida y la economía de las sociedades indígenas que se basa en el uso del
bosque como un todo inseparable”. El análisis de Chirif afirma que efectivamente
el propósito declarado de la legislación forestal ha buscado formalizar la
actividad extractiva y así ha optado, teniendo presente la baja densidad de las
especies en el bosque amazónico, por la modalidad de entregar grandes lotes a
las empresas madereras. Esto, sin embargo, no ha conseguido el objetivo buscado
del manejo sostenible del recurso sino, por el contrario, el resultado ha sido
la tala indiscriminada, la depredación del bosque y, por consiguiente, la
pérdida de los recursos madereros de las comunidades. Agregado ello, además, a
que éstas, presionadas, llegan a suscribir contratos desventajosos en provecho
de madereras que, para Chirif, actúan con un comportamiento de saqueo más que
empresarial.
Es
de interés atender a la presencia de la minería metálica en la Amazonía cuyos
efectos de depredación y contaminación ambiental resultan ser los más nocivos;
los responsables de ello son principalmente los miles de mineros artesanales y
pequeños, realmente hasta el momento difíciles de controlar, incluso por el
involucramiento de algunos sectores de las propias poblaciones indígenas
imbuidas por una salida fácil de los contextos de pobreza. Sin embargo, anota
Chirif, si bien el Estado acusa a la informalidad de ser la causante de la
contaminación minera, en realidad hay que señalar que también el Estado en la
práctica la ha promovido (licencias de operación de dragas sólo para cateo, por
ejemplo), por la inacción respecto al control y la erradicación o por ejecutar
medidas a la postre ineficaces (“torpes y autoritarias”) como el relativamente
reciente dinamitado fracasado de las dragas en Madre de Dios.
No
actúa el Estado cumpliendo lo que acuerda con las comunidades indígenas. Un
primer caso es el recuento de la experiencia de la Cordillera del Cóndor, donde
ahora opera una empresa minera luego de que en el 2007 el Estado cercenó 68,829
Hás al Parque Nacional Ichigkat Muja no obstante haber sido su creación
resultado de la consulta y acuerdos previos (2004) con las comunidades awajun y
wampis. Otro caso es la entrega del lote petrolero 117 a Petrobras, que se
superpone al área de la Zona Reservada de Güeppi, establecida antes por
consenso entre el Estado y comunidades secoya y kichwa. Con certeza concluye
Chirif que “los dos únicos casos de
consulta previa, libre, informada y de buena fe que se han desarrollado en el
país, los acuerdos logrados han sido posteriormente violados por el Estado”.
Se trata en realidad, lamentablemente, de la prioridad que el Estado da a
intereses privados por encima de los derechos comunales e indígenas.
Son
conocidos los graves efectos de contaminación ambiental, y particularmente
sobre las fuentes de agua, ocasionados por la explotación petrolera que, si
bien en la Amazonía se remonta a la década de 1920, tuvo un primer gran impulso
en los setenta con el gobierno militar, pero que en los últimos tiempos ha
crecido exponencialmente. Entre el 70% y 80% de la Amazonía peruana está
lotizado para fines de exploración y/o explotación petrolera (“del total de lotes del 2009, 20 se
superponen a once reservas comunales y a zonas reservadas, mientras que 58 de
ellos se traslapan con territorios titulados de comunidades nativas. Además, 17
lotes se yuxtaponen a áreas donde existen propuestas para crear reservas
territoriales para protección de grupos indígenas en aislamiento voluntario”
(Surallés, 2009), (Finer, 2009))([4]).
Por los perjuicios que ocasionan a las poblaciones que allí habitan y por el
insuficiente reconocimiento de responsabilidad por parte de las empresas y del
Estado esto es fuente de conflicto recurrente en la Amazonía. Sin embargo, en
esta ocasión, además de recordar dichos perjuicios que permanentemente ocupan
noticias en los medios, Chirif resalta, a contraparte, la experiencia de los
pueblos achuar, quechua y urarina frente
a la contaminación de las aguas en la cuenca del río Corrientes. En el 2006
consiguieron la firma de la denominada Acta de Dorissa. Mediante ella, el
Estado, la empresa petrolera y las poblaciones indígenas agrupadas en la
Federación de Comunidades Nativas del Corrientes lograron el compromiso de las
empresas para solucionar los problemas de contaminación de los ríos mediante la
reinyección del 100% de las aguas de formación (producto y pasivo de la
explotación minera), lo que se efectúa y además es monitoreado también por la
Defensoría del Pueblo y por los propios indígenas. Chirif señala el dato, sin
embargo, que el Estado no sólo no ha reconocido a los actores este logro sino
que les ha expropiado el triunfo, como se presenta en los medios, lo que sin
duda es lamentable y grafica la poca importancia que se otorga al protagonismo
indígena en el país.
Finalmente,
el autor también analiza los proyectos hidroeléctricos y la construcción de
carreteras. Como se anota, estos no son emprendimientos extractivos; sin
embargo, están a ellos vinculados, ya sea porque su fin es la provisión de la
energía necesaria para la explotación o por la facilitación de vías de acceso
hacia los yacimientos o al mercado. Desde los ojos de la modernidad occidental
se supone que todo ello es fuente de progreso; pero no necesariamente es así
para las poblaciones de la Amazonía y las más de las veces se produce el efecto
inverso. Junto con la carretera, sin tomar en cuenta las consecuencias del
impacto cultural, llega el incremento de colonos y con ello la ocupación de
tierras de las comunidades, la mayoría de los caminos son para la extracción
indiscriminada de la madera, la mayor parte de las vías se efectúa
informalmente y la promesa de su utilidad para la “ampliación de la frontera
agrícola” queda como ilusión. Así lo recuenta Chirif para el caso de la vía
Iquitos-Nauta, cuya construcción ha durado 30 años y no ha logrado ser la
fuente de recursos agropecuarios para Iquitos, como se pensó, debido a la
pobreza de los suelos por donde pasa la carretera. La ausencia de
planificación, en éste como en otros casos, resulta clara.
El
impacto de las hidroeléctricas es evidente si se constata que los embalses
significarán la inundación de inmensos territorios y, por consiguiente, el
desplazamiento forzado de las poblaciones indígenas allí establecidas. Lo
absurdo alcanza, en el caso de la represa Inambari, a que incluso parte de la
carretera interoceánica ya construida será sumergida. Pueblos indígenas awajun
y wampis serán afectados en Manseriche, ashaninka en Paquitzapango y Sumabeni,
machiguenga en Urubamba y harankmbut en Inambari. Resulta además sorprendente
la construcción de estas hidroeléctricas, que según los especialistas no
corresponden a las necesidades energéticas del país y
están proyectadas más bien en función de los requerimientos del Brasil. Otro
caso más en donde el costo social y humano, y ecológico, es dejado de lado.
Este
nuevo texto de Alberto Chirif es, pues, un análisis pormenorizado de las
diversas experiencias de afectación a los pueblos indígenas como consecuencia
del desarrollo del extractivismo en diversos ámbitos y que viene siendo
promovido con especial intensidad y como panacea en los últimos años. Este
libro es también el fruto valioso del trabajo de un antropólogo sanmarquino que
ha dedicado su vida al conocimiento y defensa de los pueblos indígenas de la
selva peruana.
([1]) Bajo el supuesto de que el “gran vacío amazónico” debe de ser ocupado “productivamente”, al 2009, 44 millones de Hás. han sido concedidas a empresas transnacionales para hidrocarburos, al 2008 habían siete millones en concesión forestal, 52,000 con una proyección a 300,000 Hás. en proyectos de palma aceitera para biodiesel, 260,000 Hás. destinadas a parques agrícolas de agroexportación concedidas por los gobiernos regionales a grandes inversionistas, entre otros proyectos de expansión en la Selva (Cf. BURNEO, Zulema: El proceso de concentración de la tierra en el Perú. CEPES, CIRAD, ILC y Dinámicas del Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización / Perú FAO).
([2])
Oportunidad
en la que, es bueno resaltarlo, Chirif al lado del antropólogo sanmarquino
Stefano Varese tuvieron papel protagónico en la formulación legal y
organización institucional respectiva.
([3]) SURALLÉS, Alexandre y Pedro GARCIA HIERRO:
Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. IWGIA, Documento
Nº 39, Copenhague 2004.
([4]) SURALLÉS, Alexandre: “Entre derecho y realidad: antropología y territorios
indígenas amazónicos en un futuro próximo”. Bulletin de l´Institut Français
d´Études Andines, 2009, 38 (1). FINER, Matt et al.: “Los proyectos petroleros y
gasíferos en la Amazonía occidental: Amenazas a la vida silvestre,
biodiversidad y pueblos indígenas”. PLoS ONE en Internet.