A propósito del problema de la tierra hoy en el Perú[1]

 

                                                                                                Andrés Huguet Polo

                                                                                              Antropólogo. UNMSM.

 

            José Carlos Mariátegui al estudiar el problema de la tierra lo consideró clave para entender la cuestión del poder oligárquico en el Perú. Desaparecido ya, desde la reforma agraria de Velasco, el régimen de los “barones del azúcar” y los gamonales serranos, esta constatación continúa siendo fundamental, en otras condiciones. Ya que hoy en día, en el nuevo contexto de inserción colonial a la globalización capitalista en el que se encuentra nuestro país, resulta vital para el gran capital la apropiación y uso de la tierra en los países de América Latina entre otros del mundo. Controlar y extraer la riqueza de los recursos de nuestra tierra —particularmente del subsuelo y, paradójicamente, destruyendo o limitando las potencialidades agrícolas del suelo— le asegura al capital transnacional la fuente de materias primas necesarias para su reproducción. Precisamente en una situación de mayor escasez y agotamiento de recursos minerales, hidrocarburíferos e hidráulicos en el mundo. El acaparamiento de tierras es hoy un fenómeno global, además, para asegurar alimentos a los países capitalistas centrales.

 

            En efecto, asistimos en el Perú de hoy al más intenso proceso de concentración de la propiedad de la tierra y de depredación del territorio de la historia contemporánea del país. Consiste en la formación de neolatifundios destinados a la agroexportación, principalmente en la Costa y ceja de Selva, y en la ocupación directa o indirecta y el uso destructivo del territorio andino y amazónico. Ello porque el campo peruano está siendo puesto al servicio de la gran minería, la extracción de hidrocarburos, la tala maderera indiscriminada, la minería informal aurífera o la producción de biocombustibles. Ni la producción de alimentos para los peruanos o la promoción de la mediana y pequeña propiedad agraria es el objetivo.

 

            Mientras en 1969 el tamaño máximo de propiedad de tierra agrícola irrigada permitido en la Costa después de la Reforma Agraria fue de 150 Há. (antes de la Reforma Agraria el promedio era de 10,000 Há.), hoy en día, en un contexto de liberalización sin límites, la voracidad del capital sostiene que no debe de haber topes y, en el mejor de los casos, se debate para que se limite ¡a 40,000 Há.! existiendo ya concentraciones de propiedad que acumulan hasta 30,000 Há. en la Costa (Cf. 1) Dinámicas del Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización / Perú Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 2) CEPES. La Revista Agraria; y 3) Valderrama, mariano et. al. La oligarquía terrateniente ayer y hoy). Por cierto en beneficio de grupos de inversionistas y transnacionales interesados sólo en la obtención de utilidades y la especulación y no en el mercado interno. Las causas del surgimiento de los nuevos latifundios: la contrarreforma agraria iniciada desde los años 80, las parcelaciones privadas de las cooperativas agrarias, la crisis de los complejos agroindustriales de la Costa y su posterior compra por inversionistas privados y, sobre todo, la ampliación de la frontera agrícola con grandes proyectos de irrigación impulsados por el Estado hechos, a la postre, para beneficio de grandes intereses privados. En la Costa peruana y en la Selva y ceja de Selva la pequeña y mediana propiedad tiene cada vez menos lugar. Agricultores convertidos en asalariados sobreexplotados, con extensas jornadas de trabajo, predominantemente eventuales y con bajos jornales, es lo que ya se ve en el campo peruano. Irónicamente, el neoliberalismo llama a ello pleno empleo.

 

            Existen en el Perú, al año 2010, 6,069 comunidades campesinas  y 1,469 comunidades nativas reconocidas y tituladas (Cf. Cofopri, 2001). Ellas integran el 27% del territorio nacional. Las primeras son el referente poblacional más importante de la sierra andina y parte de la Costa, con una población que asciende al millón y medio de familias (Cf. Instituto del Bien Común, 2012). Las comunidades constituyen  unidades en donde se integra tanto la propiedad comunal como la individual —lo que incluye también, desde antiguo, privatizaciones parciales de sectores del territorio ejecutadas como parte de su ejercicio autónomo por las propias comunidades—. Son instituciones que norman dicha combinación de formas de propiedad y uso y de relaciones de trabajo mediante mecanismos como el control comunal del territorio, el manejo del uso de las aguas, la parcelación para tenencia familiar y el trabajo comunal. Desde los años 80 el Estado ha venido erosionando la propiedad comunal con una serie de normas que buscan privatizar sus tierras, las que han sido rechazadas por la población campesina. Sin embargo, a consecuencia de las presiones del gran capital, acogidas entusiastamente por la mentalidad desarrollista y extractivista predominante que prima en las gestiones gubernamentales, en los últimos veinte años, el territorio de las comunidades campesinas ha sido afectado directa o indirectamente por una política generalizada de concesiones mineras que cubren ya, a junio del 2012,  el 20.3% del territorio nacional, llegando a afectar 26 millones de hectáreas (Cf. http://www.cooperaccion.org.pe/cooperaccion-informa/concesiones-mineras-y-conflictos-sociales-en-el-peru.html.)

            La consecuencia es el empobrecimiento. En los departamentos en donde más intensa es la actividad minera las condiciones de pobreza son mayores (por ejemplo, Huancavelica: 49% de extensión territorial bajo concesión minera frente al 82% de la población en condición de pobreza, de la cual el 60% está en pobreza extrema) (Cf. Encuesta Nacional de Hogares 2004-2008. INEI.). Precisamente por ello el 60% de la protesta social son los llamados “conflictos socioambientales”. El efecto general de la presencia minera en las proporciones señaladas es la depredación del territorio y su eventual inutilización para uso agropecuario y el agotamiento de los recursos acuíferos, así como la contaminación del ambiente, conjuntamente con la afectación de la salud de la población; se destruye así la principal fuente de trabajo y de producción de la población campesina. La realidad contradice al discurso neoliberal que considera a la inversión extractivista como la panacea del desarrollo.

 

            En la Amazonía, los pueblos y comunidades nativas (medio millón de familias en comunidades nativas y medio millón en comunidades ribereñas. Cf. Instituto del Bien Común, 2012) son víctimas, con igual o mayor intensidad, no sólo de la destrucción de su territorio ancestral sino incluso está amenazada su propia existencia como pueblos indígenas. Los proyectos extractivos de petróleo, gas y madera, y más recientemente los megaproyectos hidroeléctricos concebidos en función de necesidades predominantemente extranjeras (represa de Inambari, por ejemplo) o la construcción indiscriminada de carreteras en el bosque, amenazan y ocupan el hábitat de las poblaciones amazónicas. La superposición de concesiones extractivistas en zonas de reserva y de conservación del bosque y en territorios indígenas es cada vez más frecuente. Bajo el supuesto de que el “gran vacío amazónico” debe de ser ocupado “productivamente”, al 2009, 44 millones de Há. han  sido concedidas a empresas transnacionales para hidrocarburos, al 2008 habían siete millones en concesión forestal, 52,000 con una proyección a 300,000 Há. en proyectos de palma aceitera para biodiésel, 260,000 Há. destinados a parques agrícolas de agroexportación concedidos por los gobiernos regionales a grandes inversionistas, entre otros proyectos de expansión en la Selva (Cf. Zulema Burneo: El proceso de concentración de la tierra en el Perú. CEPES, CIRAD, ILC y Dinámicas del Mercado de la Tierra en América Latina y el Caribe: Concentración y Extranjerización / Perú FAO). En ese contexto los pueblos amazónicos, su producción, modo de vida, trabajo y conocimiento son considerados inútiles en la “modernidad”: en realidad la ideología que califica a los pueblos indígenas como “perros del hortelano” no es sino la sistematización de lo que ha venido siendo aplicado, cada vez más intensamente, desde los años 90.

 

            Pero hay un hecho sustancial puesto en evidencia en las últimas décadas como consecuencia del papel protagónico de los movimientos indígenas. Es la atención a la idea de que es del territorio y no sólo del suelo agrícola de lo que se apropia y despoja el capital. Para la vida indígena, la tierra es una totalidad que es un espacio vital y no sólo un conjunto de recursos, trasciende hasta lo simbólico y alude a la pertenencia e identidad de los pueblos. He ahí la forma contemporánea como se entrelaza el problema de la tierra y el problema indígena: la defensa del territorio.

 

            A propósito de lo anterior, Mariátegui sostuvo la importancia de la presencia de las comunidades agrarias en el Perú. Las entendió incluso como embriones de una posible construcción socialista nacional. En el Perú de nuestros días el creciente protagonismo indígena resalta y concuerda de alguna forma con ese análisis comprensivo de Mariátegui. Más aún si buena parte de ese mismo movimiento viene proponiendo, junto con el respeto a su propia identidad, producción y trabajo, su efectividad como modo de vida alternativo a la barbarie capitalista global y que ello deba ser parte de la construcción de una propuesta socialista en el país. De ahí que contrastar el aporte de Mariátegui con la realidad siempre cambiante del Perú siempre será fecundo.