PROGRAMA POR UNA BOGOTA MODERNA Y DEMOCRATICA

El presente documento tiene el propósito de ofrecer un conjunto de alternativas de tipo programático para la ciudad, basadas en una lectura de los principales problemas que se vienen debatiendo en los diferentes espacios sociales e institucionales que trabajan por el desarrollo de la capital de la República. Como tal es una propuesta abierta a la deliberación pública y a la participación en su formulación y desarrollo.

No es habitual que una aspiración a una corporación pública esté acompañada de una propuesta programática integral, porque en la cultura política colombiana la participación en estos espacios suele restringirse a la negociación de pequeñas reivindicaciones, que si bien son importantes, no permiten que el Concejo, órgano representativo por excelencia se convierta en el escenario de debate y construcción social de alternativas para los hombres de una ciudad como Bogotá que por nueva es compleja y demanda soluciones de carácter estructural.

En Bogotá es más lo que falta por hacer que lo que hemos logrado construir, sobre todo en el nivel de la construcción de infraestructuras, espacios e institucionales de carácter público que orienten su desarrollo más allá de la legítima búsqueda individual de cada uno.

Esta actitud refleja también la búsqueda de una nueva cultura política que haga de los ciudadanos partícipes de los problemas globales de la ciudad, al lado de sus justificadas reivindicaciones cotidianas. Una búsqueda que parte de un presupuesto central: el replanteamiento de la política y la participación es un proceso exigente que demanda capacidad de los movimientos políticos y sociales para comprender el términos modernos la ciudad y sin duda para transformarla democráticamente.

Con esta perspectiva se presenta a consideración de los ciudadanos de Bogotá la siguiente propuesta programática que será al norte del esfuerzo político que estamos construyendo.

AVANZAR EN LA DESCENTRALIZACION POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Bogotá cuenta con un marco constitucional que le permite avanzar en la construcción de un gobierno descentralizado y más democrático. La Constitución Política en los artículos 322 a 327 establece el marco general que determina la estructura del gobierno de la ciudad. Establece que el Distrito Capital es un municipio especial y que las normas que lo rigen además de las constitucionales serán las especiales para el Distrito Capital y las que se dicten para el resto de municipios del país que no resulten contradictorias con las normas específicas.

Se establecen las localidades y se estipula que en cada una de ellas se elegirá una Junta Administradora Local, las cuales elaboran ternas para que de ellas el Alcalde Mayor nombre a los Alcaldes Locales. Así mismo se establece que las "Juntas Administradoras Locales distribuirán y apropiarán las partidas globales que en el presupuesto anual del Distrito se asignen a las localidades teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la población".

La ley primera de 1992 permitió poner en marcha la elección de las Juntas Administradoras Locales, convirtió en localidades a las 20 alcaldías menores, definió que éstas localidades tendrían una participación de hasta el 20% de los ingresos corrientes del Distrito Capital comenzando ese mismo año con el 5% y al año siguiente con el 10%. Creó los Fondos Locales de inversión y fijo fecha para la elección de las JAL, conjuntamente con las elecciones de Concejo Distrital y de Alcalde Mayor. Estableció el número de ediles para cada localidad con un máximo de 11 y un mínimo de 7 y les confirió algunas funciones con respecto a los servicios públicos en cada una de ellas.

En Julio de 1993, el Presidente de la República expidió mediante el decreto 1421, el llamado Estatuto Orgánico que estableció la normatividad para el Distrito Capital. Mediante esta normatividad se puso fin a la coadministración entre la administración y el concejo de la ciudad que en buena medida era la causa principal del deterioro político, fiscal y administrativo de la ciudad. Permitió la recuperación de las finanzas distritales porque sin crear nuevos impuestos adoptó instrumentos válidos para combatir la evasión y el fraude fiscales. Modernizó y agilizó la gestión administrativa. Los principales vacíos del Estatuto Orgánico tienen que ver con la ausencia de normas que permitan regular las relaciones del Distrito Capital con su entorno más inmediato (área metropolitana), no reglamenta la elaboración, aprobación y ejecución de los planes generales y locales de desarrollo. Deja en manos del Alcalde Mayor el nombramiento del Veedor, con lo cual la ciudad no ha podido encontrar un mecanismo para combatir la corrupción.

PROFUNDIZAR EN LA DESCENTRALIZACIÓN

No obstante la existencia de normatividad legal y constitucional sobre la descentralización y la democratización de las estructuras de gobierno, en realidad el proceso apenas esta comenzando. Lo primero que hay que buscar es que los recursos para los Fondos Locales aumenten hasta el 20% del total de los ingresos corrientes del Distrito, tal como lo estableció la ley primero y luego lo dejó en manos del Alcalde el decreto 1421. Debemos buscar que el nuevo alcalde se comprometa con esta meta. Un aumento de dos puntos por año sería altamente conveniente para la satisfacción de las necesidades locales.

Profundizar en la descentralización implica transferir funciones a las Alcaldías Locales en materia de educación, salud, cultura, y servicios públicos. Desde el Concejo de la Ciudad me comprometo a trabajar por una reforma que cree verdaderas administraciones locales con mayores recursos, con funciones claras, con un mayor número de funcionarios para que muchas de las actividades las pueda realizar la gente en su propia localidad.

Pero una mayor descentralización requiere urgentemente la creación de un Sistema Distrital de Planeación. En las Localidades deben crearse con funciones de veeduría, seguimiento y evaluación los Consejos Locales de Planeación que junto con el Consejo Distrital de Planeación sean la expresión de la sociedad civil en la discusión, evaluación y seguimiento de los planes locales de desarrollo y del Plan Distrital de Desarrollo.

A nivel normativo, es necesario promover una reforma mediante la cual sea obligatorio transferir a los Fondos Locales partidas, cada dos meses, desde el Fisco Distrital. Con esta simple medida mejoraría mucho la ejecución de los recursos que por Constitución y Ley les corresponde a las localidades.

En materia de control sobre la administración, El Concejo tiene un papel fundamental pues tiene la responsabilidad del control político pero igualmente la responsabilidad política de elegir y orientar el rumbo de las instituciones de control como la personería y la Contraloría distritales. En este campo también es necesario que se reforme el decreto 1421 para que sea la ciudadanía la que elija al Veedor del Distrito. Se requiere un funcionario con autoridad para combatir la corrupción que carcome nuestras instituciones.

Pero además de la reforma administrativa, la descentralización de Bogotá requiere enfrentar el problema mismo de la organización territorial del Distrito y sus localidades. La Ley 1 de 1992 dio paso a la descentralización, pero mantuvo la división político administrativa preexistente sin comprometer a la ciudad en un debate sobre la bondad de este ordenamiento. Posteriormente se han presentado múltiples iniciativas tendientes a dividir las actuales localidades en la perspectiva de segregar la ciudad entre comunidades "ricas" y "pobres", tal como ha ocurrido con Ciudad Salitre que pertenece a Fontibón o el caso de Suba, entre otros. Ante estos intentos regresivos y socialmente antidemocráticos, es necesario crear un escenario institucional, una Comisión de Ordenamiento Territorial del Distrito, en la cual se puedan discutir estos problemas de cara a la ciudad, evitando así el predominio eventual de intereses particulares sobre el interés público.

CONSTRUIR LA CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y

LA SEGURIDAD CIUDADANA

La convivencia puede ser entendida de muchas formas pero lo efectivamente interesante es pensar la convivencia en la ciudad desde las exigencias y las posibilidades de la democracia, es decir de la participación como alternativa para cambiar las actuales formas de sociabilidad que reproducen la segregación social, la falta de solidaridad, la indiferencia y la violencia urbana, entre otras prácticas.

Para avanzar en esa dirección es necesario comprender la manera como se ha formado la ciudad moderna, la de los últimos 20 años y varios millones de habitantes procedentes de las más disimiles regiones del país, en medio de un proceso histórico que la trasciende, del cual es su producto y fuera del cual es impensable pensar su transformación. Desde este punto de vista, las posibilidades de la ciudad se mueven en una tensión de dos procesos de tipo estructural: en primer lugar, Bogotá se ha desarrollado más "espontánea" que "planificadamente". Ha sido más un espacio, colonizado socialmente de manera profundamente contradictoria y desigual, antes que un proyecto concertado entre los sectores sociales que la constituimos. Pero, por estas mismas razones y a diferencia de otras ciudades que tienen un sello regional, la Bogotá contemporánea es un complejo laboratorio de la pluralidad, con un potencial incalculable para explorar y construir nuevas formas de coexistencia democrática.

El drama de Bogotá consiste precisamente en que la ausencia de democracia ha hecho de la pluralidad una razón y una práctica de hostilidad, de segregación, de profunda inseguridad y de esterilidad en la búsqueda de proyectos e identidades colectivos que permitan orientar su futuro a imagen y semejanza de la explosiva complejidad que hoy la caracteriza. A pesar de los 450 años, la Bogotá contemporánea es una ciudad nueva que tiene más futuro común que pasado común.

Vista así, la convivencia remite a un proyecto de profundización de la democracia en términos urbanos, que entregue a la ciudadanía herramientas efectivas para transformar la ciudad; a redefinir el papel de las instituciones distritales a pensar el Distrito Capital con criterio nacional e internacional pero sin desconocer su asentamiento regional y su unidad territorial específica. La ciudad, debe construir referentes colectivos de unidad a nivel social, económico y cultural, pero igualmente debe construir una institucionalidad pública-estatal acorde con sus características. Ninguna ciudad con las características de Bogotá puede construir un orden democrático estable sin resolver básicamente los problemas de inequidad social extrema y sin abrir espacios efectivos de participación ciudadana.

Una vez definida esta opción, se pueden pensar sus fortalezas y debilidades en diversos campos de la vida social de la ciudad.

A pesar de ser un espacio complejo, donde se definen importantes contiendas electorales y políticas de carácter nacional y donde se expresan cambios importantes en la vida política del país, Bogotá mantuvo durante mucho tiempo y aún conserva importantes rasgos de una estructura política alejada de su realidad urbana moderna y anclada tanto en las prácticas del clientelismo como al patrimonialismo. Es irónico pero en el marco del modelo centralista, las elites nacionales se disputaron siempre el poder ejecutivo mientras que las clientelas políticas que sólo expresan intereses muy parciales de la sociedad en un modelo de supervivencia política basado en la apropiación privada de los recursos públicos. Estas realidades, han desvirtuado la política como espacio moderno de interlocución social para construir la ciudad y han divorciado a la ciudadanía de la participación, lo cual es una contradicción en los términos.

Sin embargo en esta ciudad compleja, también surgen y cobran cada vez mayor importancia procesos modernos de cultura política, que surgen por el agotamiento de la política tradicional, por la existencia de renovados sectores sociales con capacidad para construir formas diferentes de poder social y en la afirmación progresiva de nuevos actores políticos que se sintonizan con estas tendencias. En este sentido el proyecto de una nueva cultura ciudadana se torna fundamental pero si se entiende en su dimensión amplia; es decir como alternativa de refundar la política y abrir espacios de participación social económica y política y no simplemente como llamado acrítico y ahistórico y simbólico. Para construir socialmente la ciudad, en tanto proyecto, es urgente que haya participación, organización del tejido social y político, construcción de espacios de encuentro que pongan en comunicación la infinidad de ciudades que coexisten prácticamente de manera feudal.

La refundación de la convivencia desde la participación democrática implica también repensar lo público en sentido amplio. Las instituciones estatales precariamente públicas en Bogotá y lo público político, porque la única manera de reconstruir el estado y las relaciones sociales a nivel urbano es la participación.

De allí la necesidad imperiosa de recuperar la política para los ciudadanos y de superar las formas patrimonialistas clientelistas y autoritarias de la política que se han hecho tradicionales, sin reducir claro está, la búsqueda democrática a este objetivo, porque el reto fundamental en Bogotá está igualmente en la posibilidad de construir en positivo, nuevas expresiones políticas y sociales. Esto implica a su vez superar el particularismo de las organizaciones sociales y políticas, evitar la abstracción de la ciudad en los problemas nacionales y en fin, abordar la realidad de una metrópoli que tiene problemas de carácter estructural que no se pueden resolver sin el concurso de los diferentes sectores sociales. La participación democrática, la disminución de la seguridad social, la búsqueda de referentes de integración en medio de la diversidad, son problemas particularmente complejos en Bogotá que demandan soluciones urgentes sin las cuales se torna estéril la convocatoria simbólica a una pertenencia inexistente o se cae en la búsqueda de "soluciones" fáciles que terminan profundizando la crisis.

El caso de la seguridad que es hoy por hoy la principal preocupación de los bogotanos ilustra bien esta diferencia de alternativas.

En medio de una ciudad urbanizada aceleradamente, marcada por la fragmentación social y la apropiación desigual de los espacios urbanos y "gobernada" por una institucionalidad bastante precaria e ineficiente, el orden público y la inseguridad se tienden resolver con soluciones autoritarias, dejando esta responsabilidad compleja solamente en manos de la fuerza pública.

La seguridad debe ser pensada desde el horizonte mismo de la convivencia democrática y esto impone la necesidad de trabajar por un orden público democrático. Para tener una ciudad segura la tarea fundamental (sin la cual todos los demás esfuerzos están condenados al fracaso) es pensar y resolver los orígenes sociales de la inseguridad y la violencia urbanas. La experiencia de Bogotá muestra un fracaso rotundo de las estrategias de seguridad que se basan en la persecución eterna los efectos de una problemática social que reproduce con mayor velocidad la delincuencia. Hoy se impone pensar ante todo con criterio garantista los derechos humanos, promover formas de paz y convivencia y actuar contra el delito desde el Estado democrático y social de derecho.

Lógicamente es importante combatir las innumerables expresiones de delincuencia que se dan en la ciudad, pero aún en esta tarea especializada ha fracasado la fuerza pública por múltiples razones : se ha trabajado más con criterio de seguridad del Estado que con principios de seguridad ciudadana y ello ha conducido al irrespeto de los derechos humanos y en últimas al divorcio entre la ciudadanía y la fuerza pública que muchas veces se entiende por los bogotanos como un factor más de inseguridad y violencia. Se ha divorciado el control de las instituciones de policía de las autoridades elegidas democráticamente ; se ha privilegiado el incremento del pie de fuerza sobre la necesidad de tener cuerpos especializados y de inteligencia para combatir el crimen organizado ; no existen mecanismos adecuados para controlar los excesos de sus integrantes, etc.

Aquí también se hace necesario reforzar el carácter público de las políticas e instituciones de seguridad, entendiendo el Estado como garante del acceso a los derechos de todos los ciudadanos. Estamos entonces ante la tarea de modernizarlas, pero ante todo en la necesidad de construir conceptos democráticos de seguridad que reemplacen las tradicionales prácticas del autoritarismo como formas de relación entre Estado y ciudadanía. En esta perspectiva es muy importante que sea el Alcalde Mayor el que se responsabilice de las acciones de las fuerzas de Policía para reforzar su carácter civil. También es urgente pensar en fórmulas que permitan el control social de las políticas de seguridad y su integración con las demás acciones institucionales. Las mismas localidades pueden asumir mayores responsabilidades en cumplimiento de muchas funciones de regulación pública.

En síntesis, estamos ante el desafío de convertir la diversidad y la riqueza social y cultural de la ciudad en alternativas de construcción del tejido social y político en un momento en que las tendencias de reforma institucional favorecen instrumentos y espacios de participación tanto en la gestión pública como en la vida misma de las organizaciones sociales. Estas ventajas no pueden seguir divorciadas de los proyectos globales de ciudad y sociedad que buscamos.

REORIENTAR LA ECONOMIA Y LAS FINANZAS DE BOGOTA

Los ingresos de Bogotá son mucho mayores que los que la ciudad tenía antes de la expedición del Estatuto Orgánico. Entre 1993 y 1994 los ingresos tributarios crecieron un 77%. No obstante, los ingresos de la ciudad siguen siendo bastante inferiores a sus requerimientos en términos de infraestructura física y social. La tributación no supera el 2% del PIB bogotano y las inversiones de la administración en infraestructura física y social no alcanzan el 2% del producto nacional. Eso resulta evidentemente absurdo si se considera que Bogotá representa más de la quinta parte tanto de la población como del producto bruto del país.

La situación se torna más dramática cuando se considera que el esfuerzo tributario de la ciudad no ha sido acompañado de una recomposición a fondo de la estructura de gastos del Distrito. Los gastos de funcionamiento más las transferencias de funcionamiento superan los niveles de inversión directa. Esto quiere decir que el esfuerzo tributario y el crédito que obtiene la ciudad se destinan más hacia el financiamiento de la burocracia que hacia la construcción de una ciudad equitativa, segura y competitiva.

Bogotá es una ciudad orientada hacia el mercado interno, carece de vocación exportadora y está apoyada en el sector de servicios y en la informalidad. Es una ciudad que concentra buena parte de la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en el país pero no saca provecho de esa situación. El diálogo entre la universidad y el sector productivo de la ciudad es precario, y esa precariedad impide la creación de ventajas competitivas.

Para que las empresas de Bogotá sean competitivas, la ciudad como un todo debe serlo. Hoy, la competitividad no se construye con base en la manipulación de la tasa de cambio, bajos niveles de tributación directa y bajos salarios reales. La competitividad depende del entorno. Son las poblaciones las que son o no competitivas. Los problemas en materia de calidad de la educación, la insuficiente cobertura de los servicios de salud, el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, y en términos generales las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social y territorial, son un obstáculo fundamental para hacer de Bogotá una ciudad productiva.

El Distrito necesita de una política social productiva que permita transformar la informalidad en acumulación y con ello modificar un ambiente incubador de pobreza en un entorno generador de riqueza y de democratización social. Las cifras no nos pueden llamar a engaños. Si bien es cierto que la ciudad presenta el mayor nivel de desarrollo humano del país y la menor incidencia de la pobreza por Necesidades Básicas, en términos absolutos, en Bogotá hay más pobreza que en cualquier otro lugar de Colombia.

Bogotá requiere para los próximos años avanzar en cinco aspectos fundamentales :

La recomposición del gasto con el fin de incrementar la productividad de la burocracia distrital y garantizar con ello una más ágil transformación de los recursos en bienestar.

Aumentar el tamaño del presupuesto del Distrito con el fin de hacerlo más acorde con las necesidades de la ciudad. Esto pasa por :

• Mejorar aún más los ingresos tributarios mediante la eliminación de tratamientos preferenciales, el control de la evasión de actividades como parqueaderos y moteles, la instauración de impuestos ambientales, la indagación agresiva de la base gravable del impuesto predial (en la ciudad muchas edificaciones hasta de tres pisos figuran aún después del autoavalúo como lotes de engorde).

• Negociar con la Nación la transformación de algunos impuestos del orden nacional en impuestos del orden local como las ganancias por renta ocasional producto de la compra-venta de bienes inmuebles.

• Negociar con la Nación mayores niveles de aporte en las políticas consagradas en el Plan Nacional de Inversiones y estudiar la posibilidad de lograr transferencias más adecuados para la ciudad capital. Que Bogotá sea la capital debe reflejarse en compromisos de la Nación con su desarrollo, sin detrimento de políticas de redistribución y equidad que proporcionen a las regiones deprimidas en todo el país pero también dentro de la ciudad de Bogotá la posibilidad de lograr mejores niveles de vida.

Hacer de Bogotá una ciudad con vocación industrial y exportadora. Bogotá mantiene un déficit de balanza comercial de casi una quinta parte de su producto interno bruto y sus exportaciones no alcanzan a representar el 2% del mismo. Es necesario entonces desarrollar una serie de acciones sectoriales en materia de industria, que involucren redes empresariales y universitarias de investigación tecnológica, desarrollo de acuerdos empresariales para la generación de economías de escala basadas en el encadenamiento de procesos productivos y comerciales entre varias empresas, y sobretodo, el mejoramiento de la infraestructura física de la ciudad en materia de transporte y servicios públicos.

Hacer de Bogotá una ciudad inteligente. La educación superior de la ciudad es un desastre. Sólo algunos pueden considerarse de alto nivel. El fenómeno de la educación en el supermercado auspiciado y promovido por la apertura educativa de la Revolución Pacífica y la Ley 30 ha tenido consecuencias nefastas para la ciudad. El mercado laboral bogotano encuentra déficit de mano de obra calificada no sólo por su bajo nivel educativo, sino también a pesar de los niveles educativos. En esas condiciones es difícil promover una política de investigación y desarrollo al servicio de la creación de ventajas competitivas. El Distrito debe meterle la mano a la educación superior en la perspectiva de crear un sistema distrital de educación superior que le ponga el tatequieto al corporativismo del sector con mecanismos de acreditación, transparencia, promoción y sanción. Esas acciones deben ser coordinadas con la Nación.

La aplicación de una política social productiva que permita transformar el mundo de la economía informal en un mundo sostenible mucho más allá de la economía de la sobrevivencia. Para ello es necesario fomentar aquellos encadenamientos que sean posibles entre sector formal e informal.

POR UN SISTEMA INTEGRADO Y MASIVO DE

TRANSPORTE PARA BOGOTA

El problema del transporte es quizá una de las expresiones más elocuentes de la manera como se ha desarrollado la infraestructura urbana y de la ciudad en su conjunto. Pese a algunos esfuerzos de planeación, de poca trascendencia estructural, la ciudad se ha expandido al ritmo de un proceso acelerado de urbanización que tiene lugar en el marco de la precariedad institucional para establecer regulaciones y ordenamientos de carácter público. Los criterios de plusvalía urbana y la presión de la urbanización espontánea han hecho de la infraestructura y el equipamento urbano un gran acumulado de soluciones coyunturales que en su conjunto constituyen un gran fracaso en términos de productividad y de dignificación de la vida humana en la ciudad.

A esta rigidez estructural de la infraestructura pública se corresponde la ausencia de un sistema integrado de transporte masivo que permita dar curso a los tiempos y movimientos de una ciudad en constante y acelerado crecimiento. Y complementariamente la precariedad institucional ha permitido la consolidación de abigarrados intereses particulares haciendo de la oferta privada el principal componente del transporte, con un modelo ineficiente que se ampara en la precariedad estatal para imponer criterios de racionalidad pensados desde el ámbito del interés general de la ciudad.

En esta materia, la ciudad presenta problemas de congestión de enormes costos sociales y económicos y hasta el momento no ha logrado concertar decisiones sobre el futuro de su expansión territorial, que es una variable fundamental para definir el sistema de transporte. Recientemente la agencia japonesa JICA señaló tres problemas fundamentales del sistema de transporte de la capital : a) Precariedad de la infraestructura vial, en términos a escasez de vías y crisis de mantenimiento. b) Manejo irracional del tráfico vehicular, concentrado excesivamente en la zona central de la ciudad, dramáticamente lento en su conjunto (menos de 5Km por hora en promedio), con mala administración de la semaforización, inseguridad y precaria cultura ciudadana de los transportadores. c) Deficiente sistema de regulación del transporte público a nivel normativo y particularmente a nivel de la inaplicación de la normatividad existente.

Ante este panorama cuyas manifestaciones concretas sufrimos cotidianamente los colombianos, se han formulado múltiples iniciativas en diferentes espacios de la ciudad, pero en general todas las propuestas coinciden con la necesidad de construir un sistema integrado de transporte para la ciudad. El fundamento de esta propuesta radica en el imperativo de articular las políticas de transporte en función de los planes y acciones estructurales de infraestructura urbana, lo que a su vez supone decisiones globales de expansión de la ciudad como área metropolitana.

En esta dirección, la ciudad requiere sistemas de transporte masivo como el metro, el metrobus, etc. Pero estas soluciones no son suficientes, por lo que se requiere pensar en alternativas complementarias como las troncales, las vías de niveles y en general la construcción de una infraestructura vial alterna, atendiendo lógicamente las rigideces que se derivan la actual fisonomía urbana de la ciudad.

Ahora bien, un sistema de transporte masivo requiere esfuerzos financieros, culturales, sociales de enormes proporciones de los habitantes de la ciudad. Pero igualmente es necesario afirmar la necesidad de comprometer aportes importantes de la Nación, precisamente porque se trata de la capital de la República que es la ciudad de todos cuya eficiencia económica es términos de productividad social y económica tiene un impacto muy importante sobre la vida nacional.

En Bogotá celebramos que otras ciudades del país como Medellín y Cali estén logrando este tipo de soluciones, también con aportes importantes de la Nación. Pero consideramos injusto el tratamiento de la Nación para con Bogotá, al no propiciar la solución de uno de los problemas más complejos que tiene la ciudad más grande y compleja del país.

EDUCACION Y CULTURA : UN TEMA VITAL PARA LA CIUDAD

El diagnóstico sobre la situación de la educación en el Distrito Capital ofrece las siguientes características, en términos de fortalezas y debilidades :

Fortalezas :

• Incremento de la cobertura y avances en la búsqueda de la calidad del servicio educativo.

• Reestructuración de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

• Descentralización de la SED por agilizar el desarrollo de actividades propuestas, en unidades autónomas de gestión de las acciones y la ejecución del presupuesto, denominados Centros de Administración Educativa Local (CADEL).

• Conformación y consolidación de comunidades educativas e impulso a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

• Concentración de la mejor oferta educativa del país y mejores centros de investigación.

• Ser el centro de educación superior del país.

Debilidades :

• Los planes de desarrollo de la educación están desfasados de la realidad y arrojan pésimos resultados de efectividad.

• Reducida ejecución del presupuesto programado.

• Poca conciencia institucional sobre la gestión de proyectos.

• Política de capacitación de los docentes alejadas de los avances pedagógicos y del conocimiento.

• La infraestructura de las instituciones educativas no garantiza el mejor ambiente de enseñanza y aprendizaje, para docentes y estudiantes.

• La poca apropiación del PEI como instrumentos de planeación y programación de las actividades pedagógica y curriculares de las instituciones educativas.

Hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en materia de educación.

Los fines de la educación están o deberían ser definidos en el contexto social, es decir por la sociedad. Los fines de la educación corresponden a un análisis sobre las metas que la educación deberían cumplir en un momento determinado en su desenvolvimiento histórico. Sobre los fines o los objetivos de la educación hay múltiples lecturas retomemos la de la misión de ciencia y tecnología para este caso. "Educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la humanidad para la construcción social, para el desarrollo de individuo, para la elaboración de políticas viables, la consolidación de sociedades gobernables, la solución de problemas materiales, y el desarrollo material y social. La educación es el proceso por el cual cada uno de los individuos se apropia del saber colectivo que han desarrollado generaciones enteras antes que él en todas las latitudes y lo utiliza para sí mismo y para sus tareas. La educación es el proceso por el cual se colectiviza el saber y se construye comunidad con base en él. A través de la educación aprendamos a vivir en un mundo simbólico que constituye el fundamento de la humanidad y aprendemos a convivir con quienes la comparten. Valores, ciencia, lenguaje, creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico".

La educación en el distrito debe responder a estos desafíos y al mismo tiempo construir una ciudadanía moderna y un desarrollo equitativo propio de nosotros. Además de una nueva relación entre educación y desarrollo.

Propuestas :

• Propiciar una gestión institucional responsable.

• Apoyar la profesionalización y protagonismo de los educadores.

• Promover el compromiso financiero de la administración con el sector educativo buscando con ello aumentar la tasa de escolaridad y una mayor retención de los estudiantes en el sistema escolar.

• Impulsar la creatividad, acceso, difusión y la innovación de la ciencia y la tecnología.

• Estimular la construcción de proyectos educativos que fortalezcan pedagógica y curricularmente la Institución Escolar.

• Consolidar el sistema educativo como un sistema democrático, donde se den condiciones de convivencia y confiablidad.

• Fortalecer la sociedad civil y la convivencia ciudadana que permita construir reglas de juego claras y una cultura ética.

La afirmación de García Márquez nos reafirma en estos propósitos "Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva que nos inspire un modo de pensar y nos invite a descubrir quiénes somos, en una sociedad que se quiere a sí misma".

PROPUESTAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA Y GESTION PUBLICA

Muchas de las propuestas que se han mencionado dependen de la manera como se disponga en conjunto de las instituciones del Distrito Capital para lograr una gestión eficiente en términos de política pública.

En esta materia se pueden señalar a título de diagnóstico los siguientes aspectos problemáticos :

El proceso de descentralización se ha desarrollado a un ritmo muy lento y en general ha primado un criterio de desconcentración antes que de descentralización. Particularmente preocupa el desfase entre el papel asignado a las localidades y las condiciones administrativas de que disponen estas autoridades para gestionarlas.

Aunque existe una extensa oferta de mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, tanto el desarrollo concreto de estos instrumentos como su apropiación ciudadana es demasiado incipiente y en algunos casos incluso en el marco de la descentralización se ven retrocesos a formas tradicionales de gestión y de ejercicio de las funciones públicas.

La población usuaria y demandante de los servicios públicos, cuestiona la eficacia y la eficiencia de las entidades públicas distritales a nivel central y descentralizado. A su vez la satisfacción de estas demandas sigue siendo costosa, inoportuna e intermediada por actores que distorsionan carácter público que les da su razón de ser.

Carencia de programas de modernización y desarrollo organizacional que impiden la satisfacción de la demanda social y persistencia de culturas organizacionales tradicionales de tipo patrimonial, burocrático y clientelista, que propicia la corrupción.

Elevados niveles de ineficiencia del gasto público y elevados gastos de funcionamiento en detrimento de la inversión social, que debe ser la prioridad a la hora de pensar y aplicar las reformas institucionales.

Existencia de empresas no funcionales como la EDIS y la ETDU las cuales después de varios años de dejar de prestar servicios no han sido liquidadas, generando elevados costos en términos de lucro cesante y mantenimiento. Estas empresas deben ser liquidadas para evitar semejantes cobre costos.

La improvisación de reformas administrativas, introduce nuevos factores de perturbación del ambiente laboral que afectan la eficiencia y reproducen conflictos innecesarios, sin ofrecer soluciones adecuadas.

Pero la ciudad ha venido avanzando en estos campos en los últimos años en aspectos que se deben profundizar decididamente. En particular existe un gran interés por importantes actores de la ciudad por el desarrollo de la Constitución de 1991 y la normatividad del Distrito Capital. También se abre paso progresivamente al tratamiento de las reformas administrativas con criterios sociales de reconversión laboral que contribuyen a mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios públicos sin sacrificar a los servidores del Estado que en la mayor parte de los casos han aportado una parte importante de sus vidas a la construcción de un patrimonio público de la ciudad. Hoy es perfectamente posible destinar recursos para adelantar reformas administrativas en esta perspectiva, en desarrollo del artículo 12 del decreto 1421 de 1993 y de la legislación laboral reciente, que facilita estas soluciones apropiadas.

En esta perspectiva, es necesario generar procesos de discusión y concertación con los diferentes actores sociales involucrados a nivel público y privado, que permitan evaluar los resultados del proceso de descentralización del Distrito Capital, con participación de todas las expresiones de la sociedad civil y las autoridades del Estado en Bogotá. Simultáneamente, es necesario propiciar el desarrollo de los mecanismos y formas de participación ciudadana y comunitaria.

Es importante generar conciencia sobre la necesidad de sacar adelante una reforma administrativa que consulte las necesidades de la ciudad y que pueda anteponerse a los intereses específicos de sindicatos y partidos políticos, sin detrimento de los derechos adquiridos de los servidores públicos, a quienes se les deben ofrecer alternativas sociales y productivas.

Finalmente todas estas propuestas deber ser discutidas ampliamente con los diferentes sectores sociales de la ciudad, en el marco del debate del Consejo de Bogotá a fin de lograr que sea éste uno de los escenarios más importantes para la concertación de los problemas estructurales de la ciudad y la administración.