EN EL MARCO SOLEMNE DE SU GRADUCACION, INDIGENAS BRASILEÑOS DENUNCIAN LA OMISIÓN DEL GOBIERNO Y LA VIOLENCIA DE QUE SON OBJETO. La violencia diaria, traducida en la expulsión de sus aldeas, en cobardes ataques de los capataces con armas de ultima generación (uzis, AR-15, subametralladoras, etc.) y la omisión de policias y de gobiernos, no disminuyó la alegría de los indios que viven en Pau Brasil, al sur de Bahía. Algunos de ellos integraron el grupo de 64 profesores que en Salvador recibieron el diploma del primer grupo formados en Magisterio indigena en Bahia. Además de Pau Brasil, hay nuevos profesores de Monte Pascoal, Rodelas, Ibotirama y otras ciudades. La mayor del grupo, María José Muniz, tiene 54 años y hace 20 que enseña en su aldea, aún así encontró excelente la idea de aprender nuevas metodologías y formarse como profesora de acuerdo a las leyes oficiales. María José es pataxó hã-hã-hãe, y conserva el orgullo de su nombre indigena: Amayá. También orgullosamente resalta que es hermana del cacique Nailton, uno de los líderes en las luchas por la tierra en Pau Brasil. Los indios aprovecharon la solemnidad de la graducación realizada en el Instituto Anísio Teixeira, para denunciar que los organismos oficiales federales y estaduales conocen la´s situaciones de violencia a la que son sometidos desde hace tiempo, pero no hacen nada para resolver la situacuón. María José (Amayá) sabe de que habla. Recordó que las tierras indigenas de Pau Brasil fueron demarcadas en 1936, pero sin embargo, los "capangas" expulsaron a los indigenas como si fueran insectos. Ella misma fue expulsada de su aldea hace un mes. Amayá expresó su decepción con el gobierno de Lula. El actual presidente conoce la situación de Pau Brasil desde los años 80. María José está alojada en otra aldea, con parientes, pero no abandona la lucha. En la ceremonia denunció tambien los ataque que los "capangas" realizaron a un omnibus que conducía niños hacia la escuela. "Enseño en mi tribu desde hace 20 años, y quise aprender la enseñanza diferenciada para ampliar mis conocimientos. Ahora, me pregunto, como aplicar eso en un lugar donde los bandidos persiguen a los niños y adolescentes  por el solo hecho de ser ellos indios y que reivindican sus tierras?" cuestionó.

DOS LIDERES INDIGENAS GALARDONADOS CON EL PREMIO JOHN HUMPREY A LA LIBERTAD. Montreal = El  desaparecido  líder indígena Kimy Pernía Domicó y Angélica Mendoza  de  Ascarza, madre de un desaparecido, han sido seleccionados para el  Premio de la Libertad John Humprey 2003 por su valiente liderazgo en la defensa  de  los derechos humanos y sus incesantes esfuerzos para lograr la justicia en sus respectivos países. Estos  dos  indígenas  latinoamericanos  de  la  base  han  demostrado una extraordinaria  valentía  en  su  lucha  por  la  justicia,  dijo Kathleen Mahoney,  Presidente del consejo de administración de Derechos y Democracia y  miembro  del  jurado  del  concurso. Su suerte pone de relieve el grave problema  de las desapariciones forzadas y constituye un ejemplo para todos los  que  queremos  luchar  contra  la impunidad. Con el cierre en 2004 del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, sus vidas nos recuerdan  que todavía queda muchísimo por hacer en defensa de los derechos
indígenas en todo el mundo, incluyendo en nuestro propio país.

Kimy  Pernía  Domicó  es un respetado dirigente del Pueblo Emberá Katío del Alto  Sinú  en  Tierralta,  Córdoba  (Colombia).   Su incansable labor como defensor  de  los  derechos humanos de su pueblo Emberá como su solidaridad con  los  demás pueblos indígenas colombianos lo impulsaron a destacarse en la  lucha  contra  la  construcción del megaproyecto Urrá I que amenazaba y sigue  amenazando  la  pervivencia  de  los más de 3000 indígenas que hacen parte del pueblo Emberá Katío. En  su  misión  de dar a conocer la grave situación de riesgo de su pueblo, visitó  Canadá en dos ocasiones:  en noviembre de 1999, para dar testimonio sobre  la  Ley  para  el  Desarrollo  de  las  Exportaciones ante el Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento, y en  abril  de  2001,  cuando  presentó  una ponencia en la ciudad de Québec durante  la  Cumbre de los Pueblos de las Américas.  En ambas oportunidades el  objetivo  de  sus  visitas fue denunciar las funestas consecuencias que traería  la  construcción  de la represa Urrá, obra a la que la Corporación Canadiense  para  el  Desarrollo  de las Exportaciones había destinado 18,5 millones de dólares. Dos  días  después  de haberse reunido con una misión canadiense organizada por  Derechos y Democracia y la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá con el  apoyo  de la Embajada de Canadá en Colombia, Kimy Pernía es capturado y desaparecido  por  personas desconocidas, que según su forma de actuar y la manera  en  que  se  realiza el operativo apunta a que pertenecían a grupos paramilitares que operan en la región. Pese  a  los  múltiples  presiones  de  Organizaciones  de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a la insistencia del pueblo Emberá Katío para que las investigaciones muestren resultados palpables y que no sea un nuevo
acto  impune  de  los  actores  armados  ilegales,  y  pese  a  la numerosa movilización  de  búsqueda  en  la  que  participaron más de 1000 indígenas colombianos,   contando  con  la  colaboración  financiera  de  Derechos  y Democracia,  hoy, dos años después, no tenemos ninguna información sobre el paradero o la suerte de Kimy. Desde  1998,  cuando los Emberá inicaron su lucha contra la construcción de la Represa de Urrá, a lo que va corrido del año, por lo menos 15 dirigentes Emberá  Katío en Colombia han sido víctimas de los grupos armados ilegales.

Angélica  Mendoza  de  Ascarza  ejemplifica  la  lucha  por  la verdad y la justicia  en  el  Perú. Nació hace 75 años en la provincia de Vilcashuamán, departamento  de  Ayacucho. Es una mujer campesina, de habla quechua, líder de  la  organización  de  víctimas  del  conflicto  interno  más  antigua e importante  del  país, y uno de los referentes fundamentales del movimiento de derechos humanos del Perú. El  2  de  julio  de  1983,  en  Ayacucho,  miembros de las fuerzas armadas
secuestraron  a  su  hijo, Arquímedes, estudiante universitario de 19 años, quien hasta hoy se encuentra desaparecido. Este hecho cambio su vida. Meses después,  en  septiembre  de 1983, en medio de una situación de guerra y de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la señora Angélica Mendoza y  otras  dos  mujeres  fundaron  la  Asociación  Nacional de Familiares de
Detenidos,  Secuestrados y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Desde entonces Anfasep,    que    ha   agrupado   especialmente   a   mujeres   campesinas quechuahablantes,  no  ha  cesado  en su exigencia de esclarecimiento de la verdad y de justicia. Este  enorme  esfuerzo  se ha desarrollado enfrentando la indiferencia o la abierta  hostilidad  gubernamental.  También la de indiferencia social, por ser   las   víctimas  mayoritariamente  indígenas.  En  1992,  el  entonces Presidente Alberto Fujimori afirmó que la señora Mendoza era la embajadora en   Francia   del   terrorismo   senderista.   Obligada  a  vivir  en  la clandestinidad durante dos años debido a dicha acusación, la señora Mendoza refutó  enérgicamente  la  declaración  del  gobierno  y denunció tanto las violaciones  a  los  derechos  humanos  como las actividades terroristas de Sendero Luminoso. Por fin, un tribunal peruano desestimó la acusación. Angélica  Mendoza  lleva 20 años en la lucha por esclarecer la suerte de su hijo  y  de  los  miles  de desaparecidos que dejó el conflicto interno. Su tenacidad ha sido un elemento crucial para la creación de la Comisión de la Verdad  y  Reconciliación  del Perú. Según una declaración reciente de esta Comisión,  unas  60.000  personas  murieron o desaparecieron durante los 20 años  de  la  guerra  que  el gobierno peruano libró contra los insurgentes senderistas.

El  Premio  John  Humphrey  se  otorga anualmente a una organización o a un individuo  que  se haya destacado en la promoción de los derechos humanos y del  desarrollo  democrático.  Los  laureados de años anteriores son Ayesha Imam  (Nigeria,  2002);  la  Doctora  Sima  Samar  (Afganistán,  2001);  el Reverendo  Timothy  Njoya  (Kenia, 2000); la Doctora Cynthia Maung y Min Ko Naing  (Birmania,  1999);  Palden  Gyatso  (Tibet,  1998);  el Padre Javier Giraldo  y  la  Comisión  Intercongregacional  de Justicia y Paz (Colombia, 1997);  la  abogada  y defensora de los derechos de la mujer, Sultana Kamal (Bangladesh,  1996);  El Obispo Carlos F.X. Belo (Timor Oriental, 1995); la
Campaign for Democracy (Nigeria, 1994) y la Egyptian Organization for Human Rights (Egipto, 1994); la Plateforme des organismes haïtiens de défense des droits humains (Haití, 1993); y el Instituto de Defensa Legal (Perú, 1992).