Se presentó una polémica, encabezada por algunos jefes de estado latinoaméricanos, sobre cuál es la causa de la enorme pobreza y miseria existente en nuestros países. La polémica trata de dilucidar si fue en el populismo o el neoliberalismo en donde encuentra el origen de tal desastre social. Desde mi punto de vista las dos políticas han generado mucha pobreza, pero es al neoliberalismo al que corresponden las palmas de oro.
Uno de los aspectos esenciales que determina la lógica del funcionamiento neoliberal lo constituye el libre juego de mercado en la fijación de las tasas de interés y que en nuestros mercados tienden a ser excesivas. Las causas de la presencia de tasas tan elevadas son múltiples, se pueden mencionar las siguientes:
1.- La competencia interbancaria (que realmente existe) es insuficiente y conduce a la presencia de tasas de interés muy superiores a las que podrían prevalecer si hubiese una competencia más efectiva entre los bancos. Todo ocurre como si en la práctica hubiese (entre los banqueros) acuerdos explícitos o tácitos para evitar que la competencia, que de alguna manera se encuentra presente en los mercados, pudiese afectar los diferenciales de tasas de interés entre las tasas activas y las pasivas.
El problema proviene esencialmente de los diferenciales de las tasas de interés entre las tasas pasivas (las que pagan los bancos) y las activas (las que cobran los bancos); esta diferencia, que genera las ganancias bancarias, es excesiva.
2.- La elevada prima de riesgo que se debe pagar por el hecho de mantener los ahorros en pesos y no en divisas duras.
3.- La restricción de la liquidez por pate de los bancos centrales que tienen ideología monetarista, conduce a presiones provenientes de la demanda de dinero que impulsa al alza a los réditos. Los banqueros (públicos y privados) con su política errónea de altas tasas de interés, han sido los principales causantes de la iliquidez y de las carteras vencidas.
4.- La enorme deuda interna del sector público que, aunque es decreciente, trastorna a los circuitos monetarios y financieros. La existencia de tasas de interés reales muy elevadas (medidas en dólares o en pesos) tiene fuertes repercusiones sobre el conjunto de la economía. De un lado, conduce a un estancamiento en la inversión productiva, ya que los costos financieros pesan negativamente sobre los costos productivos y las expectativas de los inversionistas. Del otro, las tasas de interés son tan altas que conducen a la imposibilidad de pagar por parte de los agentes económicos y con el consecuente resultado de un incremento notable en las carteras vencidas.
Todo crecimiento se basa en la inversión productiva, cuando ésta se detiene no solamente hay una pausa en el incremento de los niveles de producción sino que la productividad también se estanca. En una situación como la mexicana que se encuentra sujeta a una fuerte competencia externa, una productividad insuficiente frente a competidores agresivos, va acompañada con una merma en la empresa la cual deja de invertir; esta merma se expresa o bien en una baja en la tasa de la ganancia o bien en una reducción de los niveles salariales y/o en empleo. En términos generales, cuando los sindicatos son débiles y hay una abundancia de mano de obra, la merma se suele canalizar casi totalmente hacia los salarios.
En el caso mexicano, como las tasas de ganancia industriales se han podido defender más adecuadamente que los niveles salariales y de empleo, el mercado interno se ha contraído más respecto a las industrias que producen bienes para el sector asalariado que en relación a las industrias que producen mercaderías para los niveles de ingreso más acomodados. Por eso, independientemente del impacto del comercio exterior, se ha presentado una reestructuración industrial por efecto de la creciente distribución negativa del ingreso.
Las elevadas tasas de interés condujeron a la imposibilidad de pagos en el momento en que el crecimiento dejó de operarse y las empresas sufrieron las consecuencias por dejar de disponer fondos líquidos. Como las tasas de interés son gigantescas, la cartera vencida ha sido explosiva y la crisis de liquidez se ha transformado en un fenómeno que detiene no solamente a la inversión sino también al consumo. La contracción del mercado interno en todos sus niveles, conduce al estancamiento de las ganancias industriales y a la continua contracción de ingresos del sector asalariado. Todo el sector productivo sufre en beneficio del sector bancario-financiero y del especulativo.
Como las ganancias industriales se estancan, los recursos monetarios existentes se dirigen hacia el sector financiero. Nuevamente se vive un impulso hacia la economía especulativa. La riqueza se acumula en el sector especulativo y el financiero; el sector de ganancias provenientes del sector productivo se estanca y el nivel de empleo y salarios caen.
El crecimiento se basa solamente en el sector exportador y la riqueza producida se acumula en manos financieras mientras el desempleo y los bajos salarios son la norma para el grueso de la población. ESTE ES SÓLO UNO DE LOS MÚLTIPLES MECANISMOS POR LOS CUALES EL NEOLIBERALISMO GENERA POBREZA. Sin embargo, el rechazo al neoliberalismo no debe reencauzarnos al populismo.
Sí es factible
un salvamento
bancario sano
La situación bancaria en México es cada vez peor, llevamos años en que el sistema bancario no da créditos, cobra tasas de interés gigantescas y lo que es el colmo es que a pesar de que cuesta una fortuna a los contribuyentes y serán varias generaciones las que tengan que pagar por su ineficiencia y corrupción, la banca mexicana no sólo no ha mejorado nada sino que ahora está mucho peor que en el inicio del sexenio.
Las centenas de miles de millones de pesos que cuesta el viejo Fobaproa y ahora IPAB, no han sido suficientes. Como ya lo anotamos en un texto (CRISOL núm. 131), la banca en su conjunto se encuentra técnicamente quebrada. Se rescata ahora al banco Serfin, continúa la amenaza sobre otros más y, a cambio de ello, el país ni siquiera cuenta con crédito.
La noticia aparecida el martes 13 de julio en “Análisis” de “El Financiero”, es espeluznante: “El financiamiento de la banca comercial ... se contrajo por octavo mes consecutivo; así, en abril de este año bajó 12% en términos reales”.
Las preguntas claves son: ¿Era necesario pasar por todo este problema?, ¿Era necesario que la sociedad mexicana cargara con este tributo gigantesco?. La respuesta claramente es NO, no era necesario, había y hay muchos mecanismos que de haber sido aplicados a tiempo, hubiesen evitado el desastre que vivimos.
No es imperioso hacer teoría ni especulaciones, basta con observar los hechos económicos y las políticas aplicadas en otros lugares para saber qué es lo que se pudo y todavía se puede hacer hoy día, para enfrentar las quiebras bancarias. No hay que buscar los ejemplos muy lejos ya que los tenemos en los EU. En efecto, el año pasado durante lo más álgido de la crisis monetaria internacional, una gran institución financiera norteamericana entró en crisis y fue rescatada a través de un procedimiento pulcro que logró salvar a la institución sin que hubiese un solo dólar de costo para el contribuyente.
Nos referimos al caso de Long Term Capital Management (LTCM), que es una institución financiera dedicada a captar ahorros del público para luego participar en el mercado por medio de la compra y venta de productos derivados; es lo que se conoce como un fondo de cobertura. No es el caso de entrar aquí a analizar los procesos de funcionamiento de los fondos de cobertura, ya que son bastante complejos; baste señalar que LTCM especuló en exceso y la crisis que resintió Rusia durante agosto del año pasado, lo condujo a pérdidas importantes durante dicho mes. En septiembre cuando la crisis proveniente del sudeste de Asia se hizo más intensa, las pérdidas de LTCM eran ya superiores a los 3 000 millones de dólares y en ese momento los problemas de esa institución amenazaban con generar una crisis de pagos de fuertes magnitudes en los mercados de EU y de Europa.
El caso es que el Sistema de Bancos de la Reserva Federal (el banco central de los EU) monitoreaba muy de cerca los problemas de LTCM y cuando se dio cuenta de los peligros que representaba dicha institución para el sistema monetario y financiero, decide intervenir con rapidez y sin contemplación. Su intervención que se fraguó en unos cuantos días o quizá en unas cuantas horas, consistió en algo muy simple: dejó a los antiguos dueños de LTCM que perdieran todo su capital invertido y llamó de emergencia a un grupo de consorcios para que invirtieran capital fresco a LTCM; naturalmente que los inversores de este capital fresco tomaron la propiedad completa de la institución y los antiguos propietarios perdieron todo su capital. De esta manera LTCM quedó recapitalizado, hubo una nueva administración que comenzó a operar con más prudencia, la institución se salvó, los mercados se salvaron y los contribuyentes no pusieron un solo dólar.
El éxito de la operación dependió de dos factores. Primero, se mantenía un monitoreo preciso y al día y se decidió actuar rápidamente antes de que las pérdidas se acumularan . Segundo, sin contemplaciones para los propietarios de la institución se les condujo a perder todo su capital haciendo que la propiedad de la institución pasase a quienes aportaron el dinero fresco.
En México se ha operado exactamente al revés. El monitoreo que se realiza sobre las instituciones bancarias no es defectuoso sino pésimo, por lo que es imposible actuar a tiempo. Cuando el gobierno (Banxico, Hacienda y CNBV) por fin logran darse cuenta del problema, se decide rescatar a los banqueros y no a las instituciones y por eso en un principio, los accionistas bancarios mantienen íntegro su capital, su deficiente administración permanece sin cambios y en cambio el gobierno, por medio del Fobaproa, les compra toda su cartera vencida. De hecho, como la compra inicial de cartera vencida no elimina la deficiente administración de los bancos ni las gigantescas tasas de interés, la cartera vencida sigue creciendo y los bancos no son intervenidos sino hasta el último momento, cuando ya se está al borde del desastre. En el tiempo de la intervención ya hay pérdidas para los accionistas pero, el problema es que los agujeros monetarios ya son gigantescos y por ende, no hay nadie que quiera adquirir los bancos. Estos tienen que ser “saneados” es decir, hacer que el contribuyente mexicano absorba los descomunales costos para luego venderlos baratos a otros inversionistas (que han sido en general, extranjeros). No hay forma más deficiente de proceder. Nos cuesta una fortuna, la banca no cumple su función de otorgar créditos y además, la banca queda en manos extranjeras. Hacerlo peor no se logra ni con imaginación. El caso es que como ya lo mostramos, sí ha habido y hay procedimientos alternativos y eficientes.
La banca
es un bien público
La banca es un bien público. Para diferenciar lo que es un bien público de uno privado, basta recurrir a la experiencia vivida últimamente por dos grandes firmas mexicanas: Altos Hornos de México y Bufete Industrial, las cuales tienen grandes problemas de pagos y se enfrentan ante una posible quiebra. Se trata de dos grandes e importantes empresas, pero a nadie se le ocurre la posibilidad de que éstas sean rescatadas por el Estado y que el costo del mismo se haga recaer en el contribuyente.
La situación es distinta en la banca. De ésta se dice que su salvamento se debe realizar aunque ello signifique una gigantesca deuda para los contribuyentes (es decir, los mexicanos de varias generaciones). La diferencia es obvia, en el primer caso se trata de bienes privados ante los cuales, la posible quiebra de las firmas que los producen no afecta directa y sensiblemente al conjunto de la economía; en el caso de la banca, todo es diferente, ya que el dinero y el crédito son elementos públicos por naturaleza. La banca es un bien público y como tal, se le debe de tratar.
Además, podemos decir que la banca es un bien estratégico es decir un bien que, cuando éste no se produce en cantidades suficientes (monto de créditos otorgados) y en condiciones adecuadas (solvencia de la banca, tasas de interés apropiadas, bajo costo de servicios y alta calidad de los mismos), todo el resto del crecimiento económico se ve afectado.
Finalmente, la banca es una fuente fundamental de la formación y de la configuración del poder en el seno de la sociedad. Hay empresas que producen y no generan ningún poder social (por ejemplo, la producción de tornillos); hay otras que se establecen en las fuentes mismas del poder social. Los análisis modernos muestran que el poder social establecido proviene de los flujos de energía que se logren controlar. El dinero es una de las fuentes energéticas simbólicas esenciales. Por eso su manejo, implica el control de una de las fuentes claves del poder.
En síntesis, la banca es a la vez un bien público, un bien fundamental y una fuente esencial de poder social y todo esto indica que no es un bien como cualquier otro y por ende, su propiedad, manejo y control requiere de un tratamiento totalmente específico y no dejarlo a los caprichos del mercado.
La banca y el dinero no es igual a la industria del tornillo y por eso es dañino al país dejarla a la libre determinación de los mercados tal y como pretende hacernos creer la ideología neoliberal actual. La teoría lo señala y los últimos hechos en México lo demuestran, la banca no es un bien privado sino público. El último informe Mackey sobre el
Fobaproa (del cual nos ocuparemos con más detalle en las próximas entregas), muestra el grave daño social que sufre una economía por el mal manejo de un bien público. Se ha comenzado a discutir mucho sobre si los 72 700 millones de pesos que la auditoría considera como reportables, son ilegales o nó. Nosotros pensamos que se trata de un elemento importante pero no el único; la aplicación de la ley y el castigo a quienes la violan es esencial. Se nos dice que “solamente” alrededor de 6 000 millones serían los posibles ilegales. Desde nuestro punto de vista estaría muy mal que una parte importante del dinero de Fobaproa fuese ilegal, pero desde un punto de vista estructural es peor el hecho de que la mayor parte de ese dinero no sea ilegal.
Nos explicamos. Si la mayor parte del dinero fuese ilegal, entonces bastaría con aplicar la ley a los infractores y hacerles recaer en ellos el costo del “salvamento” bancario; pero, si como parece indicarlo el reporte Mackey solamente una pequeña parte de Fobaproa es ilegal, entonces nos encontramos ante un problema estructural gigantesco y profundo, ya que ello significa que es todo el circuito monetario y financiero, junto con la institucionalidad bancaria, los que tiene una enfermedad muy grave y que lo que hay que hacer no solamente es
aplicarle la ley a los que la violaron y decidir cuáles y cuánto de los 72 700 millones en cuestión son trasladables al IPAB sino realizar una profunda revisión a todo el sistema de circulación monetaria e institucional. Si la culpa no es de unos cuantos ladrones, eso significa que el sistema en su conjunto, se encuentra profundamente enfermo y corrupto en un espacio de lo que es el bien público fundamental de nuestra época: el dinero y el crédito.
Todo indica que no solamente tenemos banqueros y supervisores bancarios (Banxico, Hacienda, CNBV) incapaces sino que también tenemos una estructura totalmente inadecuada que fue la que generó el problema.
Nosotros pensamos que el punto central de todo el problema que condujo al desastre crediticio y bancario actual, es que no se ha considerado el hecho clave de que la banca y el crédito son bienes públicos y que es, en tanto bienes públicos, que se debe de reestructurar todo el proceso.
Se dejó que el dinero y el crédito se operaran como si fuesen cualquier otro bien, no se hicieron reglamentos de propiedad, control y supervisión adecuados, se aplicó una pésima política monetaria y cambiaria, se dejó que se establecieran tasas de interés de tipo monopólico, se realizaron intevenciones tardías y costosas, etc. etc.. No sólo hay posibles actos ilegales que se deben castigar; también se tiene una estructura profundamente enferma que se debe reformar de raíz, no en el sentido de hacerla más privada como lo proponen banqueros y autoridades sino para restituirle su carácter de bien público.
Lo que el IPAB debe
adquirir del Fobaproa
Se habla mucho de las cantidades del Fobaproa en las que se haya cometido un posible ilícito y de los posibles castigos jurídicos que se deben establecer. No hay duda de que este hecho es importante y no se trata como algunos lo califican de “cacería de brujas”, sino del simple imperio de la ley. Como me decía un amigo jurista el otro día: “Delito que queda impune, delito que se repite.”
Hay otro aspecto del problema Fobaproa del que se ha discutido muy poco en la prensa nacional, me refiero a los 72 mil millones de pesos que el Informe Mackey presenta como “reportables”, ya que según la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no hay ninguna razón jurídica para que el IPAB haga suyos estos créditos bancarios. De hecho, siguiendo a la letra dicha ley, la mayoría de estos créditos no deberían ser admitidos por el IPAB y sí se deberían regresar a la banca privatizada.
Veamos lo que dice la ley. En su artículo décimo señala que “el instituto no garantizará (el subrayado es nuestro) las operaciones siguientes:
“II. Las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forma parte del grupo financiero al cual, en su caso, pertenezca la institución;
“IV. Las obligaciones o depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución de que se trate, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, y
“V. Las operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos bancarios (el subrayado es nuestro), en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas...”
Así no sólo quedan fuera las operaciones ilícitas por seis mil millones de que habla el reporte Mackey (por efecto de la fracción quinta anterior), sino también deberán quedar fuera todas las operaciones que no puedan ser concebidas como “sanas prácticas y usos bancarios” y ya se sabe que hubo créditos cruzados, créditos sin garantías, autopréstamos, etcétera, y que, de hecho, en los que no se ejercieron “las sanas prácticas y usos bancarios” están plagados no únicamente los 72 mil millones reportables, sino también otros créditos. Así con la letra de la ley, el IPAB debe hacer una selección muy meticulosa de la cartera que va a adquirir.
Además, dentro de la cartera que el Informe Mackey consideró que no era reportable, según las minutas de las actas internas a la toma de decisiones del Fobaproa y que algunas de sus partes se han publicado en La Jornada, hay embrollos en la toma de decisiones que no se pueden calificar como “sanas prácticas y usos bancarios”.
Hay que ser claros, el hecho de que no sean operaciones ilegales para nada conduce a que el IPAB se encuentre obligado a aceptar las decisiones del Fobaproa y de la banca privatizada, ya que el IPAB sólo está obligado a garantizar lo derivado de lo que se define como “sanas prácticas y usos bancarios” y todo indica que hay mil acuerdos internos al Fobaproa que están lejos de ajustarse a estos criterios y que incluso es presumible la mala fe.
En lo que se refiere al Banco Unión y a los posibles créditos que se dieron al PRI para sus diversas campañas, todo indica que las instituciones bancarias están obligadas a entregar la información pedida. El artículo 32 de la ley establece: “...Asimismo la institución (es decir, los bancos comerciales) deberá entregar al instituto toda (el subrayado es nuestro) la demás documentación e información que éste le solicite”; y en relación al posible secreto bancario el artículo 43 señala que: “...Las instituciones no estarán sujetas a lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 y 118 de la ley de instituciones de crédito, por lo que hace a la obligación de entregar al instituto la información”. Los artículos 117 y 118 son los que hacen mención al secreto bancario.
En todo caso, lo que sí es claro es que si el instituto, es decir el IPAB, no recibe la información completa respecto al Banco Unión y los créditos problemáticos, pues simplemente él tampoco está obligado a aceptar esa cartera y, por lo tanto, debe rechazarla. El espíritu de la ley del IPAB es claro, sólo se acepta la cartera que está claramente documentada en términos de “sanas prácticas y usos bancarios”, no hacerlo así sería violar su propia ley.
Otro aspecto vital en el paso de cartera del Fobaproa al IPAB es que este último sólo podrá adquirir cartera de los bancos que se encuentren claramente capitalizados. En el quinto transitorio se señala: “Para participar en el nuevo programa, la institución (es decir los bancos) de que se trate, deberá cumplir con los niveles de capitalización establecidos por las disposiciones aplicables”.
El problema es que, según el propio Informe Mackey, el nivel de capitalización de la banca mexicana privatizada es simplemente inadecuado. Pero el hecho es que el IPAB no puede violar su propia ley y, por ende, no puede aceptar medio centavo de cartera de un banco que no tenga clara y evidentemente un nivel adecuado de capitalización.
El espíritu de la ley es claro: es insensato apoyar a un banco con la compra de cartera vencida, cuando éste no ofrece garantías mercantiles y de solvencia por no tener un adecuado nivel de capitalización; esto en términos populares sería “echar dinero bueno al malo”.
La ley se debe aplicar, no sólo para aquellos hechos que violaron la ley sino también para la adquisición de la cartera de Fobaproa por parte del IPAB. No podemos seguir subsidiando a banqueros ineptos e incapaces de afrontar el fuerte compromiso que requiere la sociedad de su banca.
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