GOBIERNO ESTUDIANTIL
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO


Representantes Estudiantiles
Consejos Generales de Estudiantes y Consejos de Estudiantes
Miembros de la Junta Estudiantil Nacional

Recinto Universitario de Río Piedras
Apto. 23353 Estación UPR
Río Piedras, Puerto Rico, 00931
Tel. 764-0000 ext. 5707 o 5628
Beeper 402-2337 u. 401-4846

Ponencia sobre el P. de la C. 1638 y el P. del S. 1046
(Proyecto Ley de Oportunidades Educativas)

20 de abril de 1998


Legisladores/as
Asamblea Legislativa
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimados/as legisladores/as:

Reciban un saludo cordial de la Junta Estudiantil Nacional, organismo
que representa a cerca de setenta mil estudiantes [votantes
prácticamente todos], puesto que agrupa a los Consejos Generales de
Estudiantes de los Recintos y Colegios Universitarios y a los Consejos
de Estudiantes de los Colegios Universitarios Tecnológicos y Regionales
del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, y el testimonio de nuestro
compromiso con la Educación Pública, Gratuita y de Excelencia a todos
los niveles.  La situación que nos trae nuevamente ante ustedes no se
aleja en nada de la anterior, Reforma de la Educación, sólo que antes
fue un intento nuestro a nivel universitario y, hoy, es otro intento
nuestro, pero, a todos los niveles.

Resulta necesario gestar una genuina reforma del sistema de educación
pública del país.  Esa es la posición que consistentemente hemos
asumido.  Con una educación de excelencia a todos los niveles y
accesible a todos por igual, como únicamente se puede garantizar en la
escuela pública, podremos resolver gran parte de los problemas que nos
aquejan como sociedad.

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Oportunidades
Educativas, sometido a ustedes por el Gobernador, en su primera oración
señala:

"Nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico reconocen que la
educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano."

Concurrimos en ello, pero para hacerlo más específico citamos la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que en su
Artículo II - CARTA DE DERECHOS-, Sección 5, establece que:

"Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales.  Habrá un sistema
de instrucción pública el cuál será libre y enteramente no sectario.  La
enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta
donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para
la escuela primaria.  No se utilizará propiedad ni fondos públicos para
el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las
del Estado.  Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el
Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos
establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.

La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta
donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la
presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban
instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no
gubernamentales."

Esto no es otra cosa que decir que el Estado tiene la responsabilidad
constitucional de proveer educación pública y gratuita, y a eso le
debemos añadir, y de excelencia.  De igual forma, la disposición de que
"La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria…" y de
que "No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento
de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado"  es
la protección constitucional para la educación pública que el Estado
debe proveer.  Todos los esfuerzos, pues, deben ir dirigidos a
fortalecer la educación que es para ricos y pobres:  la pública.

Señala el proyecto que su intención es permitir "que todos los niños,
jóvenes y adultos en Puerto Rico tengan mayores oportunidades para
obtener educación de excelencia".  Que esta administración está
comprometida "con la preparación académica de nuestros niños desde su
nacimiento".  Que "entiende que el derecho a la educación es uno
primordial".  Que "tiene como prioridad contribuir a la formación
intelectual y moral de sus ciudadanos".  Que "tiene como compromiso el
promover la educación como herramienta única de crecimiento y porvenir". 
Cuando leimos cada uno de estos alegados compromisos recordamos las un
innúmerables emanaciones de gases, la falta de equipos y materiales, la
falta de mantenimiento en los planteles, y las intervenciones de la
polícia en las escuelas que la prensa de este país reseña diariamente,
entre otras situaciones.  Recordamos los letreros de ZONA LIBRE DE
DROGAS Y ACOHOL como anuncios que ciertamente dicen lo contrario.  Y la
falta de orientación  y de cambios curriculares y de relaciones entre
maestros y estudiantes que no atendió la Ley de las Escuelas de la
Comunidad. 

Este Gobierno como tantos otros le ha dado la espalda al pueblo en lo
que a educación respecta y ahora pretende dejar desamparado el sistema
público y evadir su responsabilidad constitucional.  Este asunto de la
necesidad de una reforma del sistema público no se puede parchar
diciendo que se vayan a otra parte a estudiar y les damos becas.  La
resposabilidad constitucional de proveer educación pública y gratuita, y
de excelencia es a lo que se está faltando aquí.

Si hay una razón por la que ahora proliferan las escuelas privadas y a
la gente le suene simpática la idea de tener otras alternativas de dónde
ir a estudiar no es por otra cosa que el hecho de que las
administraciones en Puerto Rico han desatendido las escuelas públicas. 
No empece a esto esta administración dijo "no queremos bregar con el
asunto, que lo atienda la comunidad" con las Escuelas de la Comunidad,
"no se pudo" [porque no le dieron poder real a las comunidades, fue una
artimaña política más], ahora dicen "que el asunto lo atiendan la
escuelas privadas".  La necesidad de que todos tengan acceso a la
educación de excelencia no se resuelve pasando la papa caliente a otro,
se resuelve reformando.  Por lo que, esta administración como las
anteriores le ha fallado a este pueblo con respecto a la educación y a
su responsabilidad constitucional.

Hoy, no podemos permitir que se quiera resolver el problema dando becas
para que se vayan a la privada.  ¿Cómo eso resuelve el problema en la
escuela pública?  O ¿es que el Estado ahora se oldivó de la carta magna
y va a cerrar las escuelas públicas porque no puede con el problema? 

Señores/as legisladores/as, Puerto Rico debe dirigir sus efuerzos a
fortalecer el sistema público de enseñanza a todos los niveles y
garantizar que la educación sea pública, gratuita y de excelencia.  El
Estado debe asegurarse de garantizar a la totalidad de la población la
igual oportunidad de acceso a esa educación. 

La educación no ha sido la prioridad de los gobiernos, aunque con ella,
se resuelven gran parte de los problemas que nos aquejan, como dijimos
ya.  Este debe ser el momento de establecerla como prioridad.



De otra parte, para no olvidar el "issue" de los fondos de la
Universidad de Puerto Rico, los $40,092,517, ($7,016,926 del Fondo de
Becas Legislativas -Ley 5 de 16 de abril de 1943-, 11,967,766 del Fondo
Educacional -Ley 64 de 4 de junio de 1969-, y $21,107,885 de la Ley de
Juegos de Azar -Ley 221 de 15 de mayo de 1948-).  Nuestra posición es
que no importa la cantidad o el proceso que se utilice para el retiro de
los Fondos de la UPR esto representa una abierta violación a la
autonomía universitaria, esta vez del área fiscal, y por tanto
condenable.  Dichos fondos, por otro lado, se encuentran pignorados por
la Universidad y el retiro de los mismos afectaría seriamente la salud
fiscal de la intitución.  Esto lo que quiere decir es que los prestamos
(bonos) que la UPR ha tomado para financiar su gestión de mejoras
permanentes están garantizados por los ingresos, hasta ahora seguros.

Nos oponemos a la propuesta Ley de Oportunidades Educativas, pero ante
la crisis en la educación proponemos que se inicie un proceso de reforma
a todos los niveles con la participación más ámplia posible del pueblo y
los sectores en las escuelas públicas y en la Universidad de Puerto
Rico.  Al nivel de la universidad tenemos nuestro anteproyecto de Ley
Universitaria, lo incluimos como anejo de la ponencia, y nos encontramos
trabajando en reconceptualización del bachillerato y en Postulados de la
Educación Superior.  Pronto comenzaremos a trabajar una propuesta de
reforma educativa.

Respetuosamente exponemos,
JUNTA ESTUDIANTIL NACIONAL