Resolución del Gobierno
Estudiantil de la UPR
31 de Marzo de 1998
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Representantes Estudiantiles
Consejos Generales de Estudiantes y Consejos de Estudiantes
Miembros de la Junta Estudiantil Nacional
Secretariado CGE
Recinto Universitario de Río Piedras
Apto. 23353 Estación UPR
Río Piedras, Puerto Rico, 00931
Tel. 764-0000 ext. 5707 o 5628
Beeper 402-2337 u. 401-4846
Co-Secretariado CE
Colegio Regional de la Montaña
P.O. Box 2500
Utuado, Puerto Rico, 00641-2500
Tel. 894-2828 ext. 2311
31 de marzo de 1998
A TODOS LOS MIEMBROS
Consejo General de Estudiantes
Recinto Universitario de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
Alexis Morales Fresse,
Representante Estudiantil
Ante la Junta de Síndicos UPR
Propuesta ante el Consejo General de Estudiantes
martes, 31 de marzo de 1998
Para la adopción de la siguiente:
CERTIFICACIÓN
Yo, Roberto Varela Méndez, Secretario Ejecutivo del Consejo General de
Estudiantes del Recinto Universitario de Río Piedras, organismo que
representa oficialmente a los sobre 20 mil estudiantes de esta unidad
académica del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO
que:
Los miembros del Consejo General de Estudiantes deliberaron sobre la
situación fiscal de la Universidad, los recortes presupuestarios pasados
y el Proyecto del Senado 1014 y el Proyecto de la Cámara 1638, que
proponen enmendar la Ley del Fondo Educacional para con los dineros que
ésta genera para la UPR financiar la propuesta Ley de Oportunidades
Educativas. Que luego de un profundo análisis y una extensa discusión
decidieron adoptar la siguiente:
RESOLUCIÓN
TENIENDO PRESENTE: Que la Universidad de Puerto Rico depende de su
autonomía fiscal, a través de la formula del 9.6% de los ingresos del
Estado y los fondos provenientes del Fondo Educacional, para su
sostenimiento y desarrollo, y para asi cumplir con su misión de servir
al pueblo de Puerto Rico.
CONSIDERANDO: Que la Reforma Contributiva y la creación del Centro de
Recaudos de Ingresos Municipales ha limitado los ingresos al Fondo
General del Estado y, por lo tanto, a la Universidad de Puerto Rico,
perdiendo esta última cerca de unos 38 millones de dólares anuales.
CONSIDERANDO: Que la eliminación del arbitrio reductor de petróleo, el
sacar el dinero del impuesto del petróleo ($120 millones), para usarlos
en Transportación y Obras Públicas, disminuye los ingresos al Fondo
General del Estado y, por tanto, a la Universidad de Puerto Rico.
CONSIDERANDO: Que la aprobación de la Ley de Incentivos Industriales
elimina el llamado "toll gate tax" y limita los ingresos al Fondo
General del Estado y, por tanto, a la Universidad de Puerto Rico.
CONSIDERANDO: Que las enmiendas a la ley que regula los juegos de azar, las tragamonedas, reduce los ingresos al Fondo General del Estado y, por tanto, a la Universidad de Puerto Rico.
CONSIDERANDO: Que el Departamento de Salud adeuda a la Universidad de Puerto Rico unos 46 millones de dólares y que el Centro Médico adeuda
unos 6 millones de dólares. Que este último no paga desde 1995, por que
el primero y el Municipio de San Juan no le pagan a ellos.
CONSIDERANDO: Que la propuesta del señor Gobernador de Puerto Rico,
"Proyecto del Senado 1014 y Proyecto de la Cámara 1638, Ley de
Oportunidades Educativas" que enmendaría la Ley del Fondo Educacional,
afectaría el presupuesto universitario seriamente, pues eliminaría la
exclusibidad que ostenta la Universidad de Puerto Rico sobre los
ingresos productos de la Ley 5 de 16 de abril de 1943, de la Ley 64 de 4
de junio de 1969 y de la Ley 221 de 15 de mayo de 1948. Esta medida
lesgilativa constituye la más abierta de las violaciones a la autonomia
universitaria por parte del Gobierno y tiene un impacto directo sobre
miles de estudiantes puertorriqueños que no recibirán las ayudas
económicas y que por consecuencia de que la Universidad no reciba los
fondos que sirven para gastos operacionales entre en una crísis más
aguda, financieramente.
RECONOCIENDO: Que el Gobierno actual tiene como política pública el
privatizar los servicios esenciales del pueblo y que su estrategia de
reducir los fondos de la Universidad de Puerto Rico, siendo ésta la
institución de educación superior pública, para que compita con las
universidades privadas por los fondos, constituye un modo de imponer la
privatización en la educación. Peca de la misma estrategia con su
propuesta de vales educativos, de promover la educación privada en vez
de la pública y desatender la raíz del problema de la educación, la
necesidad de una genuina reforma del sistema público de enseñaza.
REAFIRMANDO: Que "Trabajar en favor de la defenza, desarrollo y
fortalecimiento de una educación gratuita de excelencia" es uno de los
principios del movimiento estudiantil puertorriqueño y tal principio
sólo se materializa en la medida que sea entendido como inrenunciable y
que de igual modo sea defendido.
REAFIRMANDO: Que "Trabajar en contra de la privatización de la
educación" es otro principio del movimiento estudiantil no tan sólo en
Puerto Rico sino en Latinoamerica y el Caribe asi como en otras partes
del mundo. Y que como principio nuestro orienta nuestro proceder.
REAFIRMANDO: Que uno de los postulados medulares de la propuesta de Ley
Universitaria de los estudiantes, redactada por la Junta Estudiantil
Nacional, es que se provea educación pública y gratuita de excelencia en
el Sistema Univesitario del Estado, y otro es el de reafirmar, proteger
e incrementar su autonomía externa frente a las intervenciones indebidas
de los poderes públicos y privados, para lo que se debe garantizar la
autonomía fiscal.
RECORDANDO: Que el movimiento estudiantil puertorriqueño ha defendido
tenazmente la autonomía universitaria en sus múltiples dimenciones
(interna y externa, fiscal, académica y administrativa) tanto en el caso
de Puerto Rico como en situaciones donde se ha solidarizado con
movimientos estudantiles de otros países que se han enfrentado a
decididas violaciones a este principio indispensable de la educación
superior.
CONCIENTES: Que entre las alternativas para atender la crisis fiscal
consideradas por la administración universitaria están:
1. Una cuota de $20 por estudiante para computadoras y
telecomunicaciones. Esta cuota incluye a todos los estudiantes (sin
excluir hijos o empleados de la UPR con exención de matrícula).
2. Congelar el aumento de sueldo de verano por 2 años e imponer una
cuota de $15 por sesión a cada estudiante. No se permitirán clases con
menos de 20 estudiantes en el salón, excepto en casos excepcionales.
3. Aumentar el costo de matrícula (argumentando que es la más baja en
toda la "nación"¿?) ajustándola al costo de vida, comenzando con la
clase que entra en el 1999. Ese año será de 5% y luego entre 3% y 5% y
como se decida. Esto es para hacerse antes de diciembre, para
notificarles a la próxima clase.
Que todas estas alternativas implican alza en la matrícula y que estaban
siendo consideradas mucho antes de que el señor Gobernador de Puerto
Rico presentara su propuesta Ley de Oportunidades Educativas.
CONCIENTES: Que la Junta Universitaria, con el voto de los rectores, el
presidente y los demás administradores que la componen y el voto en
contra de los representantes estudiantes y la abstención de los
representantes de los profesores, aprobó el alza en la matrícula para
las sesiones de verano, siendo esa la segunda de las tres propuestas de
alza sometidas por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico al
Presidente de la Junta de Síndicos.
CONCIENTES: Que la Junta de Síndicos en su reunión extraordinaria del
25 de marzo de 1998 cosideró la situación fiscal de la Universidad y
apesar de que públicamente se señaló que aprobaron NO aumentar la
martrícula ésto no fue objeto de una moción, por lo que carece de
oficialidad, no establece fecha de efectividad ni vigencia y no consta
en certificación la duración de dicho supuesto compromiso.
POR CUANTO: La situación a la que nos enfrenta el Gobierno actual, de,
por un lado, reducir el presupuesto universitario con todas las medidas
legislativas ya mencionadas y a través de las Junta de Síndicos
mantenernos en tensión por la posibilidad de un aumento en los costos de
matrícula y, por otro, proponer una ley que altera drásticamente la
situación fiscal de Universidad de Puerto Rico y la situación económica
de miles de estudiantes asi como de poner a competir ésta con las
universidades privadas representa una de las formas más crudas de
menospreciar la educación pública y forzar la privatización en la
educación.
POR TANTO: El Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario
de Río Piedras del Sistema de la Universidad de Puerto Rico resuelve:
1. Considerar a la Universidad, en estos momentos, en estado de crísis
financiera y como tal decretar un estado de alerta estudiantil para
articular estrategias de movilización que eviten el aumento en los costo
de la matrícula que ha sido propuesto y discutido entre los
administradores universitarios y la Junta de Síndicos.
2. Hacer el llamado a los estudiantes del Recinto Universitario, según
acordado en la Junta Estudiantil Nacional, organismo que agrupa a los
Consejos Generales y Consejos de Estudiantes del Sistema de la
Universidad de Puerto Rico, para que a través de vistas públicas a esos
efectos, el recibo de ponencias y de la Asamblea General de Estudiantes
del próximo miércoles, 1 de abril de 1998, se propongan alternativas
alternas a un aumento en los costos de la matrícula para hacer efectivo
el uso de los fondos públicos, incrementar los mismos con fondos
externos y otras fuentes, entre otras múltiples estrategias a
considerar.
3. Oponerse firmemente a todo intento de aumentar los costos de
matrícula ya sea en las cuotas como en los créditos o imponiendo nuevas
cuotas, y proponer que se congelen estos costos para los estudiantes.
4. Oponerse a la propuesta Ley de Oportunidades Educativas, sometida a
la Asamblea Legislativa por el Gobernador de Puerto Rico, públicamente y
en las vistas que para su aprobación se realicen, por las siguentes
razones:
a. Esta propuesta continua contribuyendo a la reducción progresiva de
los fondos universitarios del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.
b. Esta propuesta ley atenta contra el sistema público de enseñanza
tanto a los niveles de escuela elemental, intermedia y superior como a
nivel universitario.
c. Esta medida promueve y auspicia económica y políticamentemente la
educación privada en vez de centrar las acciones gubernamentales en un
esfuerzo genuino por reformar el sistema público de enseñanza para
lograr la excelencia académica que se pretende.
d. Esta ley además de tener visos de inconstitucionalidad representa un
gasto mayor para el erario público dado el hecho de que cada estudiante
que se le provea de dinero para estudiar en escuelas privadas tenían su
sitio reservado en la escuela pública.
e. Esta ley atenta contra la escuela pública que es nuestra, que es del
pueblo de Puerto Rico, para beneficiar las escuelas privadas, que no son
nuestras y que sirven a los intereses de sus dueños privados. Lo mismo
aplica al caso de la Universidad de Puerto Rico, que también es muy
nuestra, y que con esta medida se actua en detrimento de sus intereses,
que son los de servir al pueblo de Puerto Rico.
f. Esta ley sólo beneficia a una pequeña parte de la población
estudiantil en de Puerto Rico, constituyéndose en sí misma como una
medida que no promueve la igual oportunidad educativa que sí provee la
escuela pública.
g. Esta ley asume que la excelencia educativa no se encuentra en la
escuela pública sino en la privada y que la mayor parte de la población
estudiantil en Puerto Rico hace uso de la educación privada. Esta
situación planteada sólo es muestra de que el Gobierno está evadiendo
su resposabilidad constitucional de proveer educación pública y gratuita
de excelencia a toda la población estudiantil de Puerto Rico
constituyéndose así en una estrategia víl para desmantelar el sistema
público de enseñanza.
h. Por que es nuestro entendido que la única forma de garantizar la
igual oportunidad de acceso a una educación de excelencia, para la
población estudiantil, provenientes de familias de escasos recursos
económico o no, a todos los niveles de enseñanza es a través del sistema
público.
i. Por que, también, es nuestro entendido que los esfuerzos
gubernamentales como civiles deben ir dirigidos a la búsqueda de la
excelencia académica y de servicios en el sistema público de enseñanza,
que es de todos, ricos y pobres.
j. Esta ley engaña al pueblo y es nuestra responsabilidad histórica
denunciarlo. Es un intento de parchar un asunto de grandes proporciones
como es la necesidad de una genuina reforma educativa. No se pueden
hacer enmiendas a una propuesta de ley que sus supuestos son erróneos y
sus intenciones últimas son nefastas para el pueblo.
5. Que se evalue, por una parte, que la educación universitaria púbica
sea gratuita y, por otra, que se socialice la educación superior en
Puerto Rico. De esta forma el Estado asumiría la responsabilidad total
de educar al ciento por ciento de la población de estudiantes
universitarios en el país.
6. Adoptar las medidas de presión necesarias para detener los recortes
al presupuesto universitario y cualquier intento de aumento en los
costos de la matrícula, incluyéndo marchas, piquetes, paros (24 y 48,
escalonadamente) y una huelga (Paro Indefinido), entre otras. Buscar de
la Asamblea General de Estudiantes del mirércoles, 1 de abril de 1998,
un voto de confianza del estudiantado para que el Consejo General de
Estudiantes implemente las medidas de presión progresivamente según
entienda necesario antes de la aprobación de la propuesta Ley de
Oportunidades Educativas y de aprobarse dicha medida iniciar una Huelga
(Paro Indefinido) Universitaria en el Recinto, promover las mismas
estrategias de lucha en el resto de las unidades del sistema
universitario y hacer un llamado a las organizaciones universitarias asi
como a las de las escuelas públicas del país a unirse a este esfuerzo
conformando un frente unido en defenza de la educación pública.
Decretar una Huelga (Paro Indefinido) Universitaria inmediatamente se
considere y apruebe por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto
Rico un alza en los costos de matrícula.
7. Unirnos al paro de labores académicas y administrativas promovido por
los estudiantes de los Colegios Universitarios Tecnológicos y Regionales
con motivo de la celebración de un día de reflexión universitaria sobre
reforma y los recientes "issues" universitarios. Esta acción se
contempla para finales del mes de abril.
8. Exhortar a los estudiantes del sistema universitario, a sus padres,
familiares y amigos a escribir a los legisladores y al Gobernador de
Puerto Rico para que desistan de su política en contra de la Escuela
Pública y la Universidad de Puerto Rico y de los recortes al presupuesto
universitario.
9. Hacer un llamado nacional e internacional a organizaciones e
individuos a solidarizarse con nuestra lucha en pro de una educación
pública y gratuita de excelencia enviando cartas y llamando a los
legisladores y al Gobernador de Puerto Rico.
10. Convocar al pueblo de Puerto Rico en una gesta nacional en defenza
de la educación pública y gratuita de excelencia.
11. Presentar esta Resolución en la Asamblea General de Estudiantes del
miércoles, 1 de abril de 1998, y circularla entre los Consejos Generales
y Consejos de Estudiantes del resto de las unidades del sistema de la
Universidad de Puerto Rico para su debida consideración asi como
distribuirla a los medios de comunicación del país. Utilizarla, además,
de comunicado internacional.
Y, PARA QUE ASI CONSTE, firmo la presente CERTIFICACION hoy martes, 31 de marzo de 1998, en la Sala de Reuniones del Consejos General de
Estudiantes del Recinto Universitario de Río Piedras, en Río Piedras,
Puerto Rico, a los treita y un días del mes de marzo de mil novecientos
noventa y ocho.
Roberto Verela Méndez, Vo.Bo.
Secretario Ejecutivo Julio A. Collazo Rivera
Presidente Interino
AMF/amf
Esta resolución fue aprobada en los Colegios Regionales, que son seis,
en el Recinto de Ciencias Médicas y en el Recinto de Río Piedras.
Esperamos que Cayey, Humacao y Mayagüez la aprueben también. Además, se
aprobó en la Junta Estudiantil Nacional.
Esta ley atenta contra la escuela pública que es nuestra, que es del pueblo de Puerto Rico, para beneficiar las escuelas privadas, que no son nuestras y que sirven a los intereses de sus dueños privados.