Desde principios de la década del >70, a raíz de múltiples luchas, el entonces gobierno de turno accedió a la participación estudiantil en algunas estructuras decisionales del sistema universitario. Esta participación, desde hace casi treinta años, ha sido sumamente exigua y limitada. El marco de acción de l@s representantes estudiantiles ha sido restringido por una posición desventajosa frente a l@s representantes claustrales y administrativos. A lo largo de estos años el movimiento estudiantil ha denunciado su inconformidad. Los criterios que mantienen a l@s estudiantes en una relación desproporcional en las estructuras deliberativas del sistema universitario son por demás arbitrarios.

Aún así, desde entonces, el movimiento estudiantil se ha limitado a la denuncia. Y, aunque ha sido consecuente y ha aprovechado cada oportunidad para exigir cambios en las estructuras y democratizar los cuerpos donde se toman las decisiones, las posibilidades de una reestructuración cualitativa pende de la voluntad política de l@s administradores de turno, y por consiguiente del partido político en el poder. La autonomía que por ley, desde 1966, rige a la Universidad de Puerto Rico, mantiene vigente esta relación.

De un lado se evidencia la reanimación continua de este principio democrático por parte del movimiento estudiantil, que aparece expresada a través de múltiples manifestaciones durante el pasado proceso de Reforma Universitaria, en 1995. De otro, son los estrategas de los propios gobiernos, a partir de las promesas de campaña eleccionaria y entre las coordenadas de su agenda política, quienes promueven la >reforma universitaria=. Nunca por iniciativa de los sectores que componen la comunidad universitaria (trabajador@s, profesor@s y estudiantes).

Aún así, el movimiento estudiantil ha reconocido el valor táctico de la participación en esas estructuras, que aunque en desventaja numérica, ha logrado impulsar unos debates y consideraciones, establecer alianzas con el sector claustral y colar ciertas reivindicaciones.

Sin embargo, se ha estancado. Seguimos participando en los procesos tal y como existen. Desde las elecciones anuales de los representantes a los consejos estudiantiles y sus ramificaciones hasta las maneras como nos insertamos en los procesos al interior de las estructuras institucionales. Nos asumimos como iguales cuando en realidad estamos en posición de desventaja. Desde la minoría numérica no es posible tramitar efectivamente nuestros reclamos. No es posible negociar si el último paso de cada decision- es la votación. El resultado del conteo

de votos, por más bien fundada que esté nuestra línea de argumentación o por más justo que sea nuestro reclamo o proposición, siempre depende de la voluntad de las mayorías, que en este espacio no representan nuestros intereses como sector diferenciado.

La participación en los términos actuales y tal y como se practica hoy se ha convertido más en un ritual que en una cuestión estratégica. Competir cada año para ocupar los puestos que provee la administración universitaria ha arrastrado sus consecuencias políticas. Más que fiscalizar y crear espacios de reconocimiento y aceptación de las alternativas provistas por el movimiento estudiantil reducimos nuestra participación y nos adaptamos en conformidad por el plazo del término en que fuimos electos. De esta manera la estructura vigente es legitimada por sus propios críticos, y reproducida por las mismas fuerzas marginales que denuncian su inoperancia y están supuestas a resistir sus contenidos y prácticas antidemocráticas.

Varias han sido las respuestas del estudiantado a esta situación. En primer lugar la desconfianza en estas estructuras y la indiferencia y antipatía a la participación directa en los procesos reivindicativos del estudiantado. Consecuencia de esta situación es el progresivo debilitamiento del movimiento estudiantil.

Ante esta situación, un grupo de estudiantes, miembros del consejo, ex concejales y estudiantes en su carácter individual, concluimos que resulta imperativo articular una ofensiva alternativa que posibilite el fortalecimiento del movimiento estudiantil de cara a un nuevo milenio. Entre las razones principales:

porque esperar que el gobierno de turno, por buena voluntad, democratice la ley que nos rige, más que nada, es una ingenuidad política;

porque la reforma estructural del sistema de la Universidad de Puerto Rico, la ampliación de los espacios deliberativos y la participación equitativa de los diversos sectores, no va a ser impuesta por ninguna ley o gobierno;

porque la principal oposición a la participación equitativa, paradójicamente, viene de parte del propio sector claustral, pues al igual que la administración, se ve amenazado al tener, por primera vez en la historia de las universidades puertorriqueñas, que negociar como iguales las condiciones de estudio y las relaciones entre profesor y estudiante;

porque la reforma que queremos debe surgir desde la base y no desde las altas estructuras de poder ni de las jerarquías universitarias;

porque existe una necesidad urgente de provocar cambios radicales en las estructuras actuales que nos mantienen en posición de desventaja;

porque debemos tener la posibilidad de participar plena y efectivamente en la toma de decisiones que nos afecten como grupo diferenciado;

porque cada sector de la comunidad universitaria debe tener la oportunidad de expresar, promover y canalizar efectivamente sus intereses;

porque la democracia universitaria en la que creemos es una lucha incesante, infinita, y ninguna ley como ninguna estructura puede asegurar su permanencia, fluidez y efectividad, mejor que la participación directa y organizada de sus promotores y defensores: estudiantes, profesor@s y trabajador@s.

Que durante las próximas elecciones de los consejos estudiantiles, instauraremos las bases para un co-gobierno, por iniciativa del movimiento estudiantil, estableciendo la participación equitativa y en igualdad de condiciones como alternativa democrática y justa. En otras palabras, donde haya un profesor habrá un estudiante. Nivelemos la balanza.

Por ejemplo, para la representación en los Senados Académicos, si en la Facultad de Ciencias Sociales la diferencia es de uno a tres, o sea que por cada estudiante elect@ se eligen tres profesor@s, de ahora en adelante sería de tres a tres. Así consecuentemente en todas las instancias deliberativas de cada unidad (Senado Académico, Junta Universitaria, Junta Administrativa, Facultad, Departamentos, etc.).

Ampliar el horizonte democrático en el contexto universitario tiene sus riesgos. Aunque no existe justificación alguna para mantener al sector estudiantil en relación desproporcional en las estructuras existentes si existen medios institucionales@ para regular las iniciativas democratizantes y sí es necesario suprimirlas. Sin embargo, la ley misma es una paradoja. En ella se promueven los mismos valores que estamos promoviendo y plantea que es un deber y una obligación nuestra cumplirlos, aún cuando las estructuras que le dan materialidad práctica conforman todo lo contrario.

Para convertir en hechos concretos estos principios cuestionamos y le hacemos frente a cualquier forma de autoridad que pretenda mantenernos en relación de desventaja. Esto, por demás es discriminatorio contra el sector estudiantil. Es injusto y por eso proponemos combatirlo. Para eso debemos participar con mayor ánimo. Sólo que ahora de manera equitativa. Para eso no se pide permiso, ni se hace turno entre jerarcas y burócratas. Es una decisión del sector estudiantil y, si queremos, le vamos a dar concreción.

Sin duda habrá quienes no tomen en serio nuestros reclamos como sin duda habrá quienes traten de intimidarnos con amenazas, como implementar medidas disciplinarias. Pero si los custodios de esas estructuras no están dispuestos a compartir el poder de manera democrática )Por qué y para qué seguir participando en ellas? Debemos evaluar las con-secuencias de los mecanismos de presión que adoptemos así como no descartar ninguna medida que entendamos pertinente. Las rutas para democratizar la universidad y alcanzar su autonomía son múltiples. Debemos seguir inventándonolas y buscando in-cesantemente las maneras de convertirlas en hechos concretos. De eso es lo que trata la justicia, y con ella la libertad, que, como decía Martí, cuesta muy cara, y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio...

Ante la negativa del CGE de poner en marcha estos acuerdos aprobados unánimemente en Asamblea General, el Frente Estudiantil propone lo siguiente:

1. Que el CGE convoque a una reunión de emergencia a tod@s l@s senador@s elect@s (a los 36) para que vayan a la próxima reunión del Senado Académico y soliciten que sean reconocid@s como senadores estudiantiles en propiedad. Independientemente de que estén tod@s o no.

2. De no estar complet@s l@s 36, que el CGE inicie un proceso extraordinario de elecciones por facultad y elija a l@s nuev@s estudiantes senador@s.

3. De no ser reconocid@s en propiedad, que el movimiento estudiantil no reconozca los criterios de participación del Senado Académico y l@s estudiantes elect@s como senador@s se retiren de ese cuerpo, denunciando su carácter antidemocrático, por su carácter discriminatorio al mantener arbitrariamente en una relación desproporcional a l@s representantes estudiantiles.

4. Demandar mediante un recurso legal a la Universidad de Puerto Rico por discriminar contra l@s estudiantes que, aunque fueron elect@s democrática-mente, utilizando el debido procedimiento institucional (elección anual por facultad) y basándose en los principios democráticos que deben regir el principal centro de educación superior del país, imposibilita el ejercicio efectivo de nuestros derechos y el cumplimiento cabal de los deberes que por ley los acompañan.

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