La mayoría de las especies consumidas en Chile tiene
restricciones de captura. Pero la extracción ilegal
continúa.Por Marcela Aguilar
A la salida del puerto de Coquimbo, los vendedores ofrecen - sin
ningún pudor- locos que no son más grandes que un botón
de
abrigo. "Es que no están inflados con agua", explica uno de los
comerciantes. "Qué más quiere, ya no hay como los de antes",
añade otro.
Omiten el detalle de que está prohibido extraer ejemplares de talla
inferior a 10 centímetros. Estos moluscos alcanzan ese tamaño
en
cinco o seis años. Es el tiempo que requieren para madurar y
reproducirse.
Pero la extracción ha sido tan intensa que no le ha dado a la
especie la posibilidad de perpetuarse. Todos los estudios muestran
que su población disminuye año tras año, porque las
vedas (de
diversa extensión, según la escasez del recurso) y cuotas
de
extracción no son respetadas.
Para el jefe de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca
(Sernapesca), Alejandro Covarrubias, es un problema muy difícil
de enfrentar: "A esa gente la hemos denunciado a los tribunales,
pero no la condenan, porque los jueces consideran que son
personas pobres que no pueden pagar multas".
La extracción y pesca ilegal no se da sólo en el caso del
loco, ni
únicamente a nivel artesanal. Otros recursos también son
explotados en épocas o zonas prohibidas, por buzos, pescadores o
industrias.
El año pasado, Sernapesca cursó 1.688 multas. Covarrubias
asegura que si a esto se le sumaran las infracciones nodetectadas,
los casos rondarían los 2 mil. No son demasiados, pero sí
suficientes para que las especies sigan en riesgo.
No siempre fue así. En la década de los '70 la concentración
de
peces, moluscos y crustáceos todavía era alta. Los atractivos
de la
industria llevaron a que el "esfuerzo de pesca" aumentara
rápidamente. El sector creció como promedio 31,9% entre 1975
y
1980, y 19,6% entre ese año y 1985. En todo este período
constituyó el tercer pilar de la economía chilena.
La captura declarada fue de 107 millones de toneladas entre 1975
y 1996. Esto, sin contar la pesca ilegal y los descartes, que no son
registrados. La intensa explotación en los '80 arrasó con
recursos
como el loco y la merluza del sur. Las autoridades tomaron
medidas de emergencia. Pero las vedas y cuotas surgieron cuando
las reservas ya estaban dañadas.
A estas alturas, hay menos recursos disponibles que interesados en
capturarlos. La presión es enorme, porque detrás de esta
demanda
hay fuertes inversiones - un barco se paga en 20 años- , familias
y
ciudades enteras que dependen de esta fuente laboral.
Por esto, elaborar estrategias para preservar las especies marinas
resulta muy complejo, y las decisiones siempre son polémicas.
Los ambientalistas alegan que las herramientas de fiscalización,
los
períodos y zonas de veda, y las cuotas de extracción son
insuficientes. Para ellos, esto refleja una opción política,
que es la
de privilegiar la viabilidad actual de la industria por sobre la
conservación de los recursos.
En cambio, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca,
Cristián Jara, asegura: "Para cualquier empresario, la
sustentabilidad es un tema central".
El problema es que las vedas han mostrado no ser eficientes para
proteger a todas las especies. Pero tampoco existe acuerdo sobre
qué medida podría reemplazarlas.
Tregua para Peces
Una clase de veda, la biológica, fue pensada para proteger a una
especie en un momento sensible de su ciclo vital, como la
reproducción.
Wilma Correa, directora ejecutiva del Instituto de Fomento
Pesquero (Ifop), explica que estos períodos varían según
la especie
e incluso la zona. Por ejemplo, la actividad reproductiva del erizo
comienza a fines de invierno en el extremo sur, y en primavera
más al norte.
El período de prohibición se fija por el tiempo necesario
para que la
especie se reúna y así asegure la procreación.
Pero en ocasiones las vedas se usan también para controlar el nivel
de captura de un recurso. Es lo que ha pasado con el jurel,
abundante hasta 1996, cuando empezó a declinar a causa de la alta
explotación y del fenómeno del Niño.
Actualmente existen en Chile 32 especies con vedas. Entre ellas,
jurel, congrio dorado, merluza común y austral, centolla, camarón
de río y nylon, cholga, chorito, choro, loco, ostión, ostra
y erizo.
Es la subsecretaría de Pesca la encargada de fijar estas
restricciones. Para eso contrata al Ifop que, para conocer la
situación de cada especie, investiga en terreno. En el caso del
jurel
realiza capturas controladas.
Sin embargo, ellas son calificadas sólo como "un "by pass" a las
medidas de protección del recurso", por ambientalistas como el
veterinario Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de la ONG
Ecocéanos.
De la fiscalización se encarga el Sernapesca, con ayuda de
Carabineros y la Armada. Covarrubias explica que para realizar su
labor en terreno cuentan sólo con unos cincuenta inspectores del
servicio. Por eso, muchas veces recurren a estrategias distintas de
la vigilancia en terreno.
Por ejemplo, la pesca ilegal de merluza austral no se persigue en
los canales del sur, "porque habría que recorrerlos uno a uno y
eso
sería imposible, por más personal que tuviéramos".
Lo que se hace
es fiscalizar los sitios de desembarque y de procesamiento,
aeropuertos y aduanas, ya que este recurso se destina únicamente
al exterior.
También se verifica el cumplimiento de las cuotas de captura a
través del cruce de información estadística.
Los infractores se exponen a multas proporcionales a los
decomisos. Si no pagan, la ley dice que deben ir a la cárcel.
Sin embargo, para Cárdenas esta estrategia fracasa en lograr su
objetivo central: "evitar la destrucción de los recursos antes de
ser
extraídos del medio ambiente marino".
Pese a estas diferencias, ambos coinciden en que un paso
gigantesco en la fiscalización será la instalación
del sistema de
posicionamiento geográfico (GPS, en inglés) en todos los
barcos
pesqueros, que en el país bordean los 600. Así, esas naves
enviarán información a través de un satélite,
lo que permitirá saber
en todo momento dónde están y qué están haciendo.
La obligación de usar GPS fue fijada por ley hace más de
tres
años. Para éste se espera, por fin, su puesta en marcha.
Soluciones de Fondo
En algunos casos, como en el de la merluza austral, la veda ha
permitido su recuperación. En otros, como en el del loco, ha
fracasado.
En el primero, la captura está limitada a una zona y es fácil
seguir
la cadena productiva. Frente a la extracción del loco, en cambio,
es
complicado actuar porque la actividad puede darse a lo largo del
país, la pueden efectuar buzos solitarios y, por tanto, poco visibles,
y el congelado o enlatado puede hacerse también en cualquier
fábrica. Así, los puntos de fiscalización se vuelven
inabarcables.
El problema de fondo es económico: mientras exista demanda por
un producto, siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgarse
por
conseguirlo y ofrecerlo.
Para Wilma Correa, la solución es generar una cultura de cuidado
hacia el recurso, junto con instrumentos eficaces. En el ámbito
de
la pesca artesanal - limitado a las primeras cinco millas marinas-
esto se refleja en las áreas de manejo, que ya funcionan en algunas
regiones.
Ellas están a cargo de organizaciones de pescadores que se hacen
responsables de trabajar en forma sustentable. "Saben que del uso
que le den al recurso depende la posibilidad de que sus hijos
también tengan una fuente de ingresos en el futuro", afirma la
profesional.
Para el gerente de Sonapesca, una medida equivalente en el sector
industrial sería la entrega de cuotas de captura individuales y
transferibles.
"Lo mejor de este sistema es la posibilidad del empresario de
programar su captura a lo largo del año", explica Jara. Así
sabría
cuántos trabajadores necesitará en cada momento, y cuándo
podrá
proveer a sus clientes.
La dificultad aquí radica en definir la magnitud de las cuotas.
En el
caso del jurel, la discusión ha sido larga y por momentos áspera,
ya
que los industriales afirman que se pone en riesgo a ese sector de
la economía sin saber a ciencia cierta si la escasez del recurso
se
debe a un fenómeno oceanográfico pasajero o a una tendencia
permanente. Para la autoridad, en cambio, está claro que si el jurel
no se protege más, se acabará.
Y otro grave escollo está en el hecho de que ya no hay recursos
para todos. Pero los industriales no están dispuestos a abandonar
sus negocios sin compensación, y el Estado chileno no tiene dinero
suficiente para responder.
Mientras el problema - que no es sólo chileno, sino mundial-
subsista, las vedas seguirán siendo la manera de contener un
apetito que desborda la oferta del océano.